Incumplimiento en la información pública también ocurre en el caso de venezolanos en el CECOT

El jefe jurídico del Área de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, remarcó el incumplimiento al derecho a la información pública en el país, por parte del Estado salvadoreño luego de que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) declarara bajo reserva la información relacionada a los venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) desde Estados Unidos.

El experto expuso en la entrevista de YSUCA este jueves que Cristosal solicitó información sobre la cantidad exacta de personas venezolanas deportadas a El Salvador desde Estado Unidos que se trasladaron al CECOT, sus nombres, cuántas tenían una condena previa en Estados Unidos y quiénes están vinculadas al Tren de Aragua. Sin embargo, la información fue denegada.

Centros Penales argumentó, contó Morales, que la reserva de información responde a la seguridad pública o que la información puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso.

"Somos un país en el cual el gobierno desbarató el ejercicio del derecho a la información pública... La información fue declarada reservada por razones de seguridad y no fue entregada”, aseguró.

Morales explicó que una persona que está detenida, que está privada de libertad por el Estado no puede estar bajo estas condiciones en secreto: su identidad, bajo la custodia de qué autoridad está esta persona para el ejercicio del debido proceso o de sus derechos, que por naturaleza esa información debe ser pública.

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“En nuestro país la ley manda incluso a tener un registro de personas detenidas al que puede acceder cualquier persona ciudadana. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también está obligada a tener acceso a este registro y llevar su propio registro. Sin embargo, en este país la situación de las personas privadas de libertad se ve afectada por esta opacidad, por esta restricción al acceso a la información”, lamentó.

En dicho informe sobre la reserva de información, Cristosal remarcó que podría configurarse como una dinámica de ocultamiento de personas sometidas a custodia estatal, lo que podría configurar el delito de lesa humanidad de desaparición forzada.

Morales señaló que las familias venezolanas de los migrantes enviados al CECOT no logran acceder a una lista oficial de detenidos y que si alguna organización defensora de derechos humanos, como Crisotal, la solicita, es denegada; por tanto, ya solo logran reconocer a sus familiares a través de la multimedia del Gobierno.

“La exposición ante las cámaras del gobierno de El Salvador es con fines de propaganda y de imponer una narrativa con fines de manipulación política  permanente en el gobierno de El Salvador”, remarcó.

Por otra parte, Morales no dejó de recordar que el caso de los venezolanos enviados por EE.UU. al sistema penitenciario del país si es parte de un acuerdo, ese escrito tampoco se conoce.

"Pero lo cierto es que El Salvador y el gobierno tienen potestades legales para aceptar este tipo de tratos y llevar al confinamiento de las personas en un penal de máxima seguridad, debieron haber seguido un procedimiento que justifique confinarlos en el CECOT; pero al parecer tampoco se ha seguido", indicó. 

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Tampoco se cuenta de forma pública de una regulación que establezca el tratamiento que dará a estas privaciones de libertad.

"No existe una ley que regule el procedimiento, una convención bilateral y en todo caso así fuera debía haber sido ratificado por su naturaleza por la Asamblea Legislativa, entonces todo parece estar en la arbitrariedad", añadió Morales.

Papel de la PDDH

Morales también calificó el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como propagandístico de las medidas carcelarias del gobierno central.

En la entrevista de este jueves, Morales recordó que la institución tiene el mandato legal de llevar el registro de las personas privadas de libertad, así como el de inspeccionar las condiciones de los centros penitenciarios. En esto el experto en derechos humanos señaló que hay incumplimiento en ambas, no solo en el marco de los tres años del régimen de excepción, sino también en el caso de de los enviados por Estados Unidos.

“La procuradora ha entrado al Centro del confinamiento del Terrorismo (CECOT) en visitas cuestionables, porque no son visitas de verificación, sino de propaganda”, argumentó.

De igual manera, recordó que es tarea de la PDDH velar porque no se produzca la incomunicación de los detenidos, pero que es lo que está pasando.

Vale recordar que el abogado David Morales fungió como procurador de derechos humanos en el periodo de 2013 a 2016.