La organización Cristosal interpuso este jueves 12 de enero tres demandas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia contra tres leyes que favorecen la corrupción al no garantizar la transparencia, competencia y libre concurrencia.
Se trata de la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico, Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales.
No aplican la Lacap
Según Cristosal son tres motivos los que generan la inconstitucionalidad en las tres normativas que no aplican la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
"Hemos presentado una demanda contra tres leyes que favorecen la corrupción y fueron aprobadas el año pasado por la Asamblea Legislativa", dijo la jefa jurídica de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López.
Seguido de eso, López expuso los motivos de estas demandas.
"En primer lugar, la Asamblea Legislativa le da facultades la órgano Ejecutivo para que establezca las condiciones de contratación para estas compras y esto vulnera la Constitución de la República de acuerdo a que cada órgano tiene sus facultades y lo que corresponde en este caso a la Asamblea y no al Ejecutivo", explicó.
Vulneran convenciones internacionales
Posteriormente, la experta expuso que las normativas vulneran la Convención contra la corrupción de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana contra la Corrupción. "Estas convenciones internacionales de las cuales El Salvador es parte, establece que se tiene utilizar mecanismos de transparencia, asegurar la competencia y el concurso para la adjudicación de obras públicas, cosa que en este caso no se está cumpliendo", manifestó López.
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Posteriormente, la especialista subrayó que las tres leyes vulneran el sistema de contratación previsto por la Constitución de la Republica que es la licitación pública (concurso para entregar contrato a la mejor compañía).
En ese sentido, ella destacó que actualmente, los funcionarios hacen compras directas y eso ya ha ocasionado fuertes señalamientos de compras irregulares durante la pandemia, pues se puede favorecer a familiares y allegados de funcionarios públicos.
Finalmente, la organización aclara que no reconoce la legitimada de la Sala de lo Constitucional actual, debido a que fue impuesta mediante un acto constitucional, pero valora el derecho con el que cuenta la sociedad civil para usar los mecanismos que la ley le faculta.
Exenciones fiscales
Cristosal señala que las tres leyes demandadas establecen “exenciones fiscales”. Esto afecta la recaudación de impuestos, en momentos en que las finanzas públicas están apretadas. Asimismo, ven inconsistente eximir a grandes empresas mientras se le sigue exigiendo a las mipymes que cumplan sus pagos o paguen las consecuencias.