Además de señalar de "inconstitucional" las reformas penales que castigan hasta con 15 años de prisión a quienes divulguen mensajes alusivos a las pandillas por cualquier medio de comunicación y plataformas digitales, representantes de Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ven riesgos "en la interpretación" que puedan hacer de las enmiendas "quienes son los aplicadores de la ley" en el país ante la falta de independencia judicial por el control que ejerce el Ejecutivo en los órganos del Estado.
Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, y César Fagoaga, presidente de la APES, participaron este jueves por la noche en la entrevista La Regla del Pomodoro que transmitió a través de sus redes sociales Fundamedios, una organización no gubernamental de Ecuador, donde conversaron sobre el régimen de excepción vigente en El Salvador desde el pasado 27 de marzo, tras un repunte de violencia, y las recientes reformas penales aprobadas de forma exprés en el marco de esa medida por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo.
La enmienda al Código Penal agregó el artículo 345-C que penaliza de 10 a 15 años por reproducir material que haga referencia a los grupos delincuenciales a través de la radio, televisión, prensa y redes sociales. La prohibición también quedó establecida en una modificación que los diputados avalaron en la Ley de Proscripción de Pandillas.
Fagoaga dijo que él tiene claras las reformas, sin embargo, externó que "el problema aquí es quien interpreta cómo se deben aplicar" estas, pues considera que "son funcionarios que violan sistemáticamente la Constitución y las leyes y que han dicho que lo que quieren es controlar lo que dicen los medios de comunicación".
La opinión fue secundada por López, quien fue más allá al explicar que "decir la verdad no es delito" y que "el problema no es la redacción en sí misma de la ley que es inconstitucional no solo por cuestiones de forma sino también de fondo".
En su intervención sostuvo que "la reproducción fiel de una información no da lugar a una responsabilidad penal en este caso para los periodistas", pero insistió en el riesgo sobre "la interpretación" que puedan hacer al respecto los aplicadores de justicia.
"Lo que resulta ser el mayor peso de gravedad es que los juzgadores en nuestro país no son independientes y no solo por el hecho de que el 1 de mayo se desmanteló la Sala de lo Constitucional, sino porque en agosto pasado se mandaron a jubilar a todos los jueces mayores de 60 años", dijo la también abogada constitucionalista.
Por su parte, el presidente de la APES afirmó que "la prensa es la que está haciendo la punta de lanza en la defensa democrática" ante la administración Bukele que indicó que controla los tres poderes del Estado y le hace falta tener el dominio de la libertad de expresión.
"La actual administración ha sido muy hábil en venderse como algo bonito, pero fuera de El Salvador cada vez es más obvio que es un fraude esto y justamente la prensa lo ha revelado, por eso es que nos quieren amordazar", subrayó.
Denuncias de detenciones arbitrarias
López, también, se refirió en su intervención a "decenas de reportes" de personas "que han sido detenidas de manera arbitraria" que, según ella, se han dado en el contexto del régimen de excepción y cuyos casos se han conocido a través de redes sociales e incluso algunos han sido recibidos por Cristosal.
"Uno de los temas más importantes que ha ocurrido en los últimos días es que ha habido incluso denuncias por miembros de la corporación policial en el que se les está obligando a cumplir con una cuota de detenidos y esto lleva a detenciones arbitrarias y violación de derechos humanos", señaló.
Lamentó que varios de los derechos que se han restringido durante el régimen de excepción están garantizados en tratados internacionales suscritos por El Salvador.