El rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, reveló este lunes que la institución académica se encuentra al borde de una crisis operativa, ya que su presupuesto actual solo alcanza hasta abril de este año. Desde el 2022, la universidad no ha recibido fondos estatales, acumulando una deuda gubernamental de $52 millones.
La crítica situación ha llevado a la suspensión de varios programas esenciales, como el financiamiento de proyectos de investigación científica y la cancelación de programas de doctorado para el desarrollo del personal docente.
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El rector Quintanilla destacó que la deuda impide el normal funcionamiento de la universidad. La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó un recorte presupuestario adicional de un millón de dólares en octubre de 2023. Esta decisión ha profundizada la ya grave crisis económica que enfrenta la única universidad pública del país.
Anteriormente, Evelyn Farfán, vicerrectora académica, expresó su preocupación por los esfuerzos en vano realizados para obtener el desembolso del dinero adeudado. El impago del presupuesto asignado, además de afectar la operatividad de la universidad en línea, pone en peligro la contratación de docentes, la gratuidad de la educación y la capacidad para brindar servicios educativos de calidad.
Adicional, Quintanilla informó que el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, se ha comprometido a interceder con el Ministerio de Hacienda para completar el pago del decreto de retiro voluntario. A pesar de los esfuerzos de la universidad por mantenerse a flote con recursos propios, la situación se vuelve más crítica a medida que se agotan los fondos y se acerca el mes de abril.
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La comunidad estudiantil también se ve afectada, especialmente aquellos que cuentan con becas. La incertidumbre se centra sobre la continuidad de los programas académicos y la capacidad de la universidad para ofrecer una educación de calidad.
Ante este panorama, la Universidad de El Salvador hace un llamado urgente al presidente Nayib Bukele y a las autoridades gubernamentales para que resuelvan la deuda pendiente y brinden el apoyo necesario para garantizar la continuidad de la educación superior en el país.