La Cooperativa Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.), a través de la cual defraudaron por lo menos 35 millones de dólares a más de 10 mil asociados, tiene 92 inmuebles registrados como suyos, afirman fuentes de este periódico y personas afectadas por el desfalco financiero.
Además de las 92 propiedades, decenas de inmuebles propiedad de personas (naturales y jurídicas) relacionadas a COSAVI, como empleados, puestos de gerencia o directivos, han sido inmovilizados por orden judicial por el juzgado especializado contra crimen organización que está conociendo la investigación por lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, agrupaciones ilícitas y otros delitos, contra más de 30 personas, según información aportada por la Fiscalía General de la República (FGR).
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Varias de estas últimas propiedades aparecen a nombre de Inversiones Coto Barrientos (INVERCOBA), fundadas por Manuel Alberto Coto Barrientos y su medio hermano, Jorge Alberto Jiménez Hernández, quien no está entre los 15 capturados, presentados por la fiscalía el 9 de mayo de este año.
Jiménez Hernández no está entre los 15 capturados (al menos las autoridades salvadoreñas no lo han presentado) y Coto Barrientos murió el pasado 8 de septiembre, cuando era trasladado de la frontera El Amatillo hacia San Salvador, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña que se desplomó a pocos minutos de iniciar el vuelo. Ocho personas más murieron en ese suceso.
Coto Barrientos había sido capturado por autoridades hondureñas quienes lo entregaron a sus similares salvadoreñas que pretendían presentarlo públicamente en una conferencia de prensa en la subdirección de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC). El 27 de julio de este año, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, había afirmado que Coto Barrientos había sido arrestado en Panamá.
A nombre de INVERCOBA aparecen propiedades cuyo valor podría sobrepasar los $250,000 cada una. Y son varias. Esta empresa fue creada, según escritura de constitución presentada en el Registro de Comercio, en enero de 2020, aunque en documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya Leaks, esta sociedad ya reportaba cotizaciones de sus empleados en el año 2018.
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A febrero de 2018, Coto Barrientos reportaba un salario de $4,000 como empleado de INVERCOBA, en tanto que a esa misma fecha, Jiménez Hernández tenía un salario de $400 como empleado de COSAVI.
Aparentemente, tanto Coto Barrientos y Jiménez Hernández, como COSAVI e INVERCOBA, estaban estrechamente relacionados, no solo por los socios fundadores de esta última sino también por el domicilio:
En planillas del Seguro Social, filtradas por el grupo de hacker Guacamaya Leas, está plasmado como teléfono de INVERCOBA, el número de teléfono 2241-4200, ese mismo aparece para COSAVI. También comparten el mismo domicilio: Urbanización Buenos Aires, Calle Gabriela Mistral No. 100A, local No. 5, de San Salvador.
De acuerdo con documentos oficiales a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso, INVERCOBA es propietaria del lote número 53, de una extensión de 1,794.88 metros cuadrados en el exclusivo Condominio Villanueva Golf Country Club, situado en el distrito de San José Villanueva.
Además, la misma empresa es propietaria de dos apartamentos, B-29, 105 y 107, en los edificios llamados Puerta del Alma, torre 2, en Antiguo Cuscatlán, de una extensión de 153.71 y 112.4 metros cuadrados. Tal empresa también compró seis estacionamientos marcados con los números 192, 193, 196 y 197 (dos por cada apartamento), más tres espacios para bodega (uno por apartamento).
Pero no solo eso. Los registros indican que también Coto Barrientos, socio fundador de INVERCOBA es propietario de un inmueble en la exclusiva residencial Portal del Casco, parte de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. La extensión del inmueble es de 1,393.02 metros cuadrados.
Una rápida búsqueda sobre los precios de las propiedades en Portal del Caso arroja que los inmuebles en ese lugar tienen un valor de arriba del millón de dólares. Actualmente en el sitio encuentra24.com hay un anuncio de venta de una casa por 2 millones de dólares.
Entre las propiedades a nombre de COSAVI, los registros indican que es dueña del apartamento 1104, del nivel 11 de la Torre 2. Igual que INVERCOBA, la cooperativa también compró dos estacionamientos y un espacio para bodega.
De acuerdo con indagaciones en diversos sitios de internet especializados en bienes raíces, los apartamentos en esos edificios valen de un cuarto de millón de dólares hacia arriba, sin contar el valor de los estacionamientos y bodega.
Además de esos inmuebles en exclusivos lugares residenciales, también registra propiedades en diversos sectores de la urbanización Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, en la colonia Escalón y en Compostela Country Club San Ignacio, en el distrito de San Ignacio, departamento de Chalatenango.
En los listados que las fuentes facilitaron, también aparecen varios locales en centros comerciales de Santa Tecla.
En total, serían 92 propiedades registradas a nombre de COSAVI y 19 más que están a nombre de gerentes o miembros de la última junta directiva de la mencionada cooperativa que, según la Fiscalía, defraudó la economía pública por 35 millones de dólares.
Al gerente financiero, Héctor Bladimir Cruz Cordero, le han inmovilizado un inmueble en la colonia Layco, barrio San Miguelito, en tanto que Delmy Marcela Coreas García, gerente de operaciones, se le ha inmovilizado un inmueble en residencial Valle Dorado, con un precio de compra de $252,000, y otro en residencial Las Alturas con precio de compra de $45,000.
Mientras que a Edy Nelson Guerra Guerra, quien era gerente de negocios corporativos, le han inmovilizado un apartamento en la Torre Siete Cinco, de San Salvador, donde el precio por un inmueble anda arriba de los $200,000.
Desesperanza en afectados
Aquel 9 de mayo, cuando la FGR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) hicieron pública la investigación e intervención de COSAVI, la titular de la SSF afirmó que había los suficientes recursos financieros para honrar los compromisos de la cooperativa para con sus socios y ahorrantes.
Lo anterior dio un poco de calma y esperanzas a los socios, pues creyeron que el proceso de devolución sería rápido, sin embargo, a más de cuatro meses de aquel anuncio y a seis de que la cooperativa fue intervenida por la SSF, esta entidad solo ha devuelto los ahorros a quienes tenían sumas iguales o menores de $25,000.
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Muchos afectados aseguran que hay socios que tenían más de 200 mil dólares como ahorros a plazos, y aún no han sido notificados cuándo podrían comenzar a recibir sus dineros; por su parte, la SSF y la Fiscalía han mantenido silencio desde aquel 9 de mayo, a pesar de que los afectados han exigido una y otra vez, les den información sobre la dinámica de las devoluciones.
Mientras tanto, a más de cuatro meses de que hicieran publica la intervención e investigación, la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero no han vuelto a informar públicamente del caso, y menos de manera privada a los afectados quienes se quejan de que muchos llegaron a dejar sus dineros, como depósitos a plazo, cuando ya la cooperativa estaba intervenida, sin que las autoridades les advirtieran.