Manuel Alberto Coto Barrientos, quien fue gerente general de la Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) era entre todos los ejecutivos, el que más préstamos obtenía de esa entidad; solo entre enero de 2022 y agosto de 2023 obtuvo al menos una docena de créditos. Pero, además de estos, de acuerdo con fuentes de El Diario de Hoy, tenía otra forma de lucrarse con el dinero de más de 10 mil socios o ahorrantes.
Desde marzo del 2021, COSAVI había comenzado su proceso de regularización para migrar de asociación cooperativa a banco cooperativo y, desde entonces, estaba sometida a supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), a pesar de eso la cooperativa le dio múltiples créditos a su gerente general.
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Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes allegadas a la investigación sobre lavado de dinero y desfalco de COSAVI por más de 35 millones de dólares, aseguran que la cooperativa puso como ahorro, más de 5 millones de dólares, en la entonces Caja de Crédito de Colón (hoy Caja Colón) con la finalidad que esa entidad diera jugosos créditos a él, a sus familiares más cercanos y a otros ejecutivos de la cooperativa que gerenciaba.
Con ese ardid, según los informantes, Coto Barrientos buscaba eludir prohibiciones legales que le imponía la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, específicamente el artículo 49.
El artículo mencionado indica: “Las cooperativas no podrán tener en su cartera créditos, garantías y avales otorgados a los gerentes y miembros del Órgano Director de la cooperativa, así como a los directores, gerentes y empleados de la federación de la que sea accionista la cooperativa, por un monto global que exceda el cinco por ciento del fondo patrimonial. Estas operaciones deberán notificarse a la Superintendencia”.
El Diario de Hoy buscó la versión de Caja Colón, sin embargo, como en ocasiones anteriores, no respondieron.
Debido a la reserva judicial que tiene el caso, no es posible obtener la versión de la Fiscalía o del Tribunal a cargo del proceso judicial contra más de treinta personas, pero la filtración de documentos judiciales revelados en 2024 por un grupo de hackers permitió conocer que quien fungía como presidente de la otrora Caja de Crédito de Colón, en 2022, también está vinculado al caso.
Presos por participar en la trama
Antes, el 9 de mayo de 2024, durante una conferencia de prensa montada para informar sobre la investigación e intervención de COSAVI por parte de la FGR y SSF, las identidades de René Alexander González Melgar, Juan Carlos Hernández Panameño, Elsa Estela Escobar Urquilla y Luis Luciano Orellana fueron reveladas como parte de las personas acusadas de lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas.
Los documentos revelados por el grupo de hacker permitieron conocer que otra directiva de la referida caja de crédito también estaba procesada en el Caso COSAVI, siendo ella Noemimi Isabel Ramírez de García. La Fiscalía no ha informado sobre la captura de esta persona.
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Según documentos oficiales, Zelaya Ramos fue elegido como presidente de la junta directiva de la Caja de Crédito de Colón, para el período 2022-2025, en sesión de junta general de accionistas, celebrada el 26 de febrero de 2022, pero el 16 de septiembre de ese mismo año, que lo había capturado como sospechoso de cometer delitos informáticos, específicamente utilización de datos personales y revelación indebida de datos con información de carácter personal, junto a cinco personas más.
El 24 de junio de 2024, por este último caso, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló un juicio abreviado contra Zelaya Ramos, quien confesó el delito para recibir una reducción de condena, de la cual no informó ni la Fiscalía ni la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Diversas fuentes de este diario indican que la vinculación de los cinco directivos de la entonces Caja de Crédito de Colón al llamado Caso COSAVI es precisamente por su participación en el lavado de dinero que ejecutivos y miembros de organismos de dirección hicieron con los dineros de tal cooperativa.
Omisión de referencias crediticias
El 21 de enero de 2022, la SSF, envió un documento a COSAVI, firmado por Evelyn Marisol Gracias, quien entonces era “Superintendente Adjunto de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades Financieras” en la que advertía a la cooperativa sobre observaciones que no habían sido subsanadas y que tenían que hacerlo bajo el plan de regularización al cual llevaban un año sometidos.
En ese documento, se indica que Coto Barrientos tenía préstamos en la Caja de Crédito de Colón.
“Se verificó que no se incluyó la referencia crediticia que posee en la Caja de Crédito de Colón”, indica en un recuadro sobre situaciones que tres gerentes debían solventar. Y Coto Barrientos, gerente general, era uno de ellos.
Del mismo documento antes citado se desprende que no todos los ejecutivos de COSAVI habían presentado de forma completa sus declaraciones juradas, lo cual había sido exigido por la SSF, en octubre de 2021, meses después de iniciar el plan de regularización.
“Para los siguientes ejecutivos, se solicita remitir nuevamente la Declaración Jurada incluyendo todas las deudas que posee en el Sistema Financiero, así como las tarjetas de crédito; en caso de presentar el detalle de las referencias crediticias como anexo, deben hacer referencia al numeral 4 de la declaración jurada y que es parte integral de la misma. Esta solicitud fue realizada en el numeral " D. 1" " Comentarios generales que se aplican a las declaraciones juradas de los Gerentes" de nuestra nota No. BCS- BC- 21109 del 28 de octubre de 2021”.
Los gerentes a los que aludía el documento eran, para entonces, Delmy Marcela Coreas García (gerente de operaciones), Juan Antonio Benavides Méndez (gerente de informática), Edy Nelson Guerra Guerra (gerente corporativo de negocios), Javier Eduardo Guzmán Angulo (gerente de planificación, proyectos y procesos), Juan Carlos Navarrete Narváez (gerente de riesgos) y Manuel Alberto Coto Barrientos (gerente general).
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son, aproximadamente, los afectados por el fraude financiero de COSAVI, de acuerdo con afectados; a miles de ellos el Estado aún no les devuelve el dinero que tenían ahorrado en esa cooperativa.
Algunos miembros de órganos directivos de COSAVI y del cuerpo gerencial habían omitido u ocultado información, en sus declaraciones juradas, sobre algunas de sus obligaciones crediticias o de su grupo familiar, en sus primeros informes exigidos en octubre de 2021, y por ello es que en enero de 2022, la SSF les reiteraba el estricto cumplimiento.
Por ejemplo, Jacqueline Jazmín Jorge de Henríquez, la esposa del presidente de COSAVI, Rolando Alexander Henríquez, había ocultado un crédito no saneado con una sociedad de ahorro y crédito, y fue necesario que la SSF le comunicara a Henríquez la observación realizada por la central de riesgos de la Superintendencia; en el mismo documento le advirtió que era necesario que su cónyuge subsanara esa situación para evitarse riesgos reputacionales o inhabilitación para su cargo de presidente del consejo de administración.
¿Sin conocimientos para dirigir la cooperativa?
A enero de 2022, al menos cuatro miembros del consejo de administración de COSAVI no habían acreditado tener los conocimientos necesarios en administración y finanzas, para ejercer sus cargos, según consta en documentos oficiales.
Entre esos cuatro destaca como el primero de la lista, el mismo presidente de COSAVI, Rolando Alexander Henríquez, quien llevaba varios años ejerciendo esa función. En la memoria de labores de esa cooperativa del año 2019, éste ya aparecía como presidente del consejo de administración.
Lo mismo ocurría con el secretario, un vocal y una suplente. “”No se recibió evidencia para acreditar los conocimientos en administración y finanzas”, indica un documento de la SSF.
Ante tales señalamientos, COSAVI aseguró a la SSF que en enero de 2022 matricularía en una universidad privada, “a los miembros de los órganos directivos, gerentes y jefes de áreas” para que cursaran un postgrado denominado “Fundamentos en Banca y Finanzas", con lo cual pretendía solventar los conocimientos requeridos por ley, en el marco del plan de regularización para convertirse en banco cooperativo.
En el documento en que COSAVI afirmaba lo anterior, según la SSF, no se detallaba la fecha de inicio y fecha de finalización y tampoco la fecha en la cual se hará la matrícula. Hasta el momento se desconoce si los cuatro directivos tomaron el postgrado.
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El plan de regularización para convertirse en banco cooperativo concluiría en marzo de 2024, pero para entonces, la Fiscalía llevaba varias semanas de haber iniciado la investigación contra al menos 32 personas y varias sociedades empresariales creadas, según la Fiscalía, para malversar y lavar los $35 millones de COSAVI.