Exactamente cuatro meses después de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) hicieran público que desde hacía varios meses habían intervenido la Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), otro suceso ocurrió relacionado al caso: el helicóptero en que era trasladado el gerente general de esa cooperativa, se había accidentado, muriendo todos sus ocupantes, incluyendo el director general de la Policía Nacional Civil (PNC).
El pasado 9 de mayo en la mañana, El Diario de Hoy y otros medios de comunicación entrevistaron a personas que habían llegado a varias sucursales de COSAVI a retirar su dinero o a preguntar por qué no les entregaban el dinero que reclamaban por haber vencido el plazo de sus depósitos. Todos se estrellaban contra una misma respuesta: no podía devolverles su dinero porque la SSF la tenía intervenida.
Suscríbete para seguir leyendo
Obtén acceso a todo nuestro contenido exclusivo.Continuar leyendoYa soy suscriptor
Ese mismo día, en la noche, la SSF y la FGR informaron que habían capturado a 15 personas, de más de 30 que estaban investigando, por los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero por más de 39 millones de dólares. La SSF dijo que había fondos suficientes para responder a los socios y ahorrantes.
Días después comenzaron a devolver, por capas, el dinero hasta llegar a quienes tenían menos de $25,000. Según la SSF, hasta septiembre se había devuelto el dinero al 77.8% de los ahorrantes. Desde entonces, la SSF no ha habilitado la entrega para otra capa; muchos afectados esperaban que se anunciara la entrega de quienes tenían $50,000 o menos.
El caso de COSAVI, de acuerdo con afectados, puso en evidencia la inoperancia del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP, recién disuelto), de la FGR y de la misma SSF que a pesar de las alertas, las dos últimas instituciones tardaron en actuar para proteger los intereses de los socios y ahorrantes que, según la última memoria de labores de la cooperativa, sumaban 10,317.
Investigaciones de este periódico, basadas en entrevistas de personas que ocuparon puestos de dirección en la cooperativa, y actas del mismo INSAFOCOOP, indican que los problemas en COSAVI no eran nada nuevo ni secreto. Una fuente aseguró a El Diario de Hoy que desde el principio, la institución comenzó a maquillar balances para ocultar que operaba con pérdidas. Otros documentos señalan que para 2018, una unidad de la Fiscalía tenía conocimiento de las irregularidades.
Después de la información que la Fiscalía y la SSF dieron sobre el caso aquel 9 de mayo, ambas instituciones han guardado silencio respecto de la investigación del caso; lo último que trascendió fue la muerte de Manuel Alberto Coto Barrientos, gerente general de COSAVI, ocurrida exactamente cuatro meses después de que la Fiscalía y la SSF hicieran público que investigaban y habían intervenido la cooperativa.
El 9 de septiembre, nueve personas murieron, incluyendo a Coto Barrientos, quien era trasladado en helicóptero hacia la capital luego de que las autoridades hondureñas lo entregaran a sus pares salvadoreñas.
El caso de COSAVI sirvió para revelar que decenas de personas estaban viviendo el mismo problema en otras cooperativas: que no les devolvían sus ahorros.
Uno de los casos que cobró fuerza fue el de las cooperativas Acotemic y Acomatic, que operaban mayormente en el oriente salvadoreño con una forma similar a la de COSAVI, según señalaron afectados, es decir, que entre miembros de las juntas directivas, gerencias y comisiones se hacían préstamos a través de los cuales, sospechan, desfalcaron 49 millones de dólares.
En el caso de Acotemic y Acomatic, la Fiscalía capturó a una decena de sospechosos aunque de manera tardía, según afectados, pues auditorías del INSAFOCOOP arrojaron indicios de las irregularidades que se cometían en ambas entidades. A pesar de ser más añejo que COSAVI, a ninguno de los afectados por estas cooperativas les han devuelto su dinero.
Otros casos denunciados fueron los de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito "Unidos por el Desarrollo", de Responsabilidad Limitada (ACUDE, de R.L.), que funciona en Aguilares, y de Fundecrédito, que tiene varias sucursales en la zona de occidente. En ambas, a los socios y ahorrantes les han negado la entrega de sus ahorros argumentando que no hay dinero. En estas, a pesar de las denuncias en la Fiscalía o de manera pública, a través de los medios de comunicación, no ha trascendido sobre detenciones de sospechosos.
Te puede interesar: Mueren director PNC y exgerente de COSAVI tras estrellarse helicóptero en que viajaban junto a siete personas más
En todos los casos de las cooperativas señaladas de no entregar el dinero a sus ahorrantes o acusadas por la Fiscalía de lavar dinero y defraudar la economía pública, muchas de las víctimas son personas de la tercera edad y salvadoreños residentes en el exterior que pusieron su dinero en tales entidades atraídos por los jugosos intereses que los ejecutivos de venta les ofrecieron.
Y lo peor, según opinan afectados, ningún funcionario, ninguna institución del Estado, ni altos cargos de las cooperativas señaladas, les dicen dónde está el dinero. El Estado mismo ha tendido un manto de secretismo sobre los casos en los que se sabe que está investigando.