La Asociación Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI) era para algunos gerentes y ejecutivos, una especie de caja de la cual se obtenía dinero fácilmente no sólo a través de créditos sino también a través de artimañas como la compra de grandes cantidades de vinos y licores franceses, y a través de la alteración de montos de contratos para remodelar o construir edificios de la cooperativa, refieren diversas fuentes de este Diario.
En documentos judiciales revelados a mediados de junio de 2024 por un grupo de hackers, sobre el proceso judicial del desfalco de más de 35 millones de dólares de COSAVI, aparecen los nombres de una empresa constructora y uno de los socios de esa empresa.
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Se trata de la empresa ARA Arquitectos, S.A. de C.V., registrada en abril de 2009, de acuerdo con documentos oficiales, por Marta Elisabeth Ulloa de Rallion y su hijo, el arquitecto Andrés Rafael Rallion Ulloa, quien aparece ligado al proceso judicial por la defraudación financiera de aproximadamente 35 millones de dólares de COSAVI.
De acuerdo con diversas fuentes vinculadas tanto a la investigación como a las actividades de la cooperativa, la empresa como el arquitecto, supuestamente están bajo investigación debido a que algunos ejecutivos y gerentes de COSAVI alteraban en mucho los costos de los proyectos de construcción o remodelación de inmuebles para instalar agencias de la cooperativa.
Los informantes aseguran que ARA Arquitectos era la única a la que COSAVI confiaba los proyectos antes mencionados. Al menos eso es lo que recuerdan y consideran que por eso es que están incluidas en la investigación por los delitos de lavado, defraudación a la economía pública, casos especiales del delito de encubrimiento y agrupaciones ilícitas.
De hecho, en documentos oficiales relacionados a la investigación del caso, tanto la empresa ARA Arquitectos como su socio fundador, Rallion Ulloa, aparecen con restricciones o inmovilización de cualquier trámite que consista en traspaso de participación accionaria, inscripción o cambio de representante legal, o cualquier trámite que se pudiera realizar en el Registro de Comercio debido a que está bajo investigación por el caso COSAVI.
En ese mismo sentido, el fundador de esa empresa, Rallion Ulloa, también tiene orden de inmovilización de bienes, desde el 23 de febrero de 2024. Solo que en el caso de esta persona natural, en los documentos se menciona que está siendo investigado por los delitos de “casos especiales del delito de encubrimiento” y por agrupaciones ilícitas.
Una torre de 28 pisos…
Las fuentes aseguran que Rallion Ulloa fue quien construyó el edificio de cuatro pisos del centro financiero San Miguel, de COSAVI, que supuestamente, según comentaban ejecutivos de la cooperativa, costó 2.5 millones de dólares, aunque el precio real, supuestamente fue de un 150% menos. Él era, también, quien se encargaría de construir la torre COSAVI Business Center, un edificio de 28 o 30 pisos, que estaba proyectado para ser construido en un inmueble situado en la esquina surponiente, formada por la 79 avenida Sur y el Paseo General Escalón.
ARQUITECTO DECLINÓ DAR SU VERSIÓN
El Diario de Hoy contactó al arquitecto Andrés Rafael Rallion Ulloa para que diera su versión sobre su vinculación al proceso judicial del Caso COSAVI, y de la empresa ARA Arquitectos, de la cual es socio fundador, según documentos notariales, pero de manera cortés dijo que prefería no hablar del caso. A Rallion Ulloa se le enfatizó que se le había contactado para que diera su posición o versión en observancia a la ética periodística y a la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta.
En una nota publicada el 23 de mayo de 2024, en el sitio www.lanoticiasv.com, consignó como cita del arquitecto Rallion Ulloa, sobre la construcción de la agencia San Miguel: “Un edificio hay que pensar cada detalle, gracias a Dios, COSAVI me dio la libertad de diseño y en materia de costo me dijo queremos tirar la casa por la ventana para encontrarnos con San Miguel”.
La nota contiene un vídeo de una entrevista realizada por el abogado Sergio Esteban Méndez Solano, al arquitecto Rallion, donde confirma que COSAVI tenía entre sus proyectos, construir un edificio de entre 28 y 30 pisos, ejecución que se la habían confiado a él.
Méndez Solano también estuvo vinculado a COSAVI. En la memoria de labores del 2019 de esa cooperativa aparece como miembro de algunos comités y juntas. En el acta 819 del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), para entonces el ente rector de las cooperativas, su nombre aparece relacionado como “apoderado general judicial” de COSAVI.
Presa por alquilar terreno a COSAVI
Sin hacer despliegue de publicidad, a finales de septiembre del 2024, una mujer identificada como Rosa Claribel Cruz de Orellana, de 75 años, fue capturada y vinculada al Caso COSAVI, bajo el delito de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Su único error, de acuerdo con fuentes de este Diario, fue arrendar por 20 años, a partir de 2019, el terreno donde la cooperativa construyó su agencia en San Miguel, un edificio de cuatro niveles, sobre la avenida Roosevelt.
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De acuerdo con las fuentes cercanas al caso, la Fiscalía General de la República (FGR) asegura que el contrato de arrendamiento (hecho ante notario público), está criminalizado, entre otras argumentos, porque el contrato tiene una cláusula que dice que al final del contrato, las mejoras fijas que se le hagan a la propiedad quedarían a la propietaria y que la arrendante sabía que el edificio sería construido con dinero fraudulento.
El contrato fue firmado ante el notario (funcionario público) Sergio Esteban Méndez Solano, el 13 de junio de 2019, en la ciudad de San Salvador.
El artículo 1 de la Ley del Notariado de El Salvador reza: “- El notariado es una función pública. En consecuencia, el notario es un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga, todo de conformidad con la ley”.
El contrato establecía un plazo de 20 años, durante los cuales la propietaria recibiría cada mes, como pago de arrendamiento una suma de poco menos de cinco mil dólares. De acuerdo con las fuentes vinculadas a la investigación, al parecer Cruz de Orellana ni sabía que COSAVI era la que le arrendaría el terreno, pues todo fue negociado con un intermediario.
La ahora procesada se enteró de a quién le arrendaría el terreno hasta que la citaron a firmar el documento, en la agencia central de la cooperativa, sobre la calle Gabriela Mistral de San Salvador.
El Diario de Hoy consultó con expertos en bienes raíces que tienen arrendamientos en el centro de San Miguel, quienes afirmaron que el arrendamiento de un inmueble del tamaño donde está la agencia de COSAVI puede oscilar entre los 3 mil a los 6 mil dólares mensuales.
Además, los expertos afirmaron que en todo contrato de arrendamiento es normal que se determine a través de una cláusula, que las mejoras fijas o permanentes hechas al inmueble, es decir, todo aquello que no se pueda desmontar, quedan a favor del arrendante.
En el contrato de arrendamiento entre Cruz de Orellana y COSAVI, hecho ante el notario Méndez Solano, la cláusula XII, estipula que la estructura básica del edificio y del parqueo quedarían en beneficio del arrendante.
A pesar de todas las circunstancias relacionadas anteriormente, es decir, que no hay un canon de arrendamiento a precio superior de los del mercado en la zona, que la arrendante ni siquiera negoció directamente con COSAVI, es decir, que lo hizo a través de un intermediario y que es normal que las mejoras permanentes que un arrendatario le hace a un inmueble queden en beneficio del arrendante, Cruz de Orellana lleva más de seis meses en prisión.
Y para terminar de complicar la situación, el tribunal contra crimen organizado que lleva el proceso confirmó, en agosto de 2024, la inmovilización del inmueble, lo cual ya había sido solicitado por la Fiscalía, meses antes.
$35,000,000.
Es el monto que, según la Fiscalía General de la República, fue defraudado de COSAVI. El fraude ha perjudicado a cientos de personas a quienes la Superintendencia del Sistema Financiero no les devuelve sus ahorros.
Abogados consultados, entre estos Jaime Ramírez Ortega, opinó, en referencia a la supuesta afirmación de la Fiscalía de que el contrato de arrendamiento estaba criminalizado porque las mejoras que COSAVI le hizo al inmueble iban a favorecer a la arrendante.
“Eso es un pacto normal y convencional que se toma en los acuerdos civiles, así que eso no es ninguna ilegalidad, no es nada que esté fuera de la ley, sino más bien, creo yo que esta es una acción, lamentablemente, persecutiva, en contra de la propietaria del terreno, con el único fin de quererse apropiar de ese terreno y querer, digamos en alguna medida, confíscarselo”, opinó el abogado.
El letrado reiteró: “Creo yo que le han querido aplicar la ley de lavado de dinero a esta señora, para poderle incautar de manera ilegítima ese bien sobre un contrato de arrendamiento que es tan normal en la República del Salvador pactar ese tipo de cláusulas; por lo tanto esta acción por parte de la Fiscalía es indudablemente arbitraria, y la detención de esta señora también se vuelve completamente arbitraria”.
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El Caso COSAVI lleva más de un año bajo investigación Fiscal y diez meses de que las 15 personas presentadas en conferencia de prensa y otras arrestadas posteriormente, fueron acusadas ante un juez contra el crimen organizado.
Fuentes cercanas al proceso afirmaron que la audiencia preliminar del caso estaba programada para el pasado 28 de marzo, sin embargo no fue realizada y la reprogramaron para dentro de seis meses.
