La Corte Suprema de Justicia solicitó que se vuelva a modificar la Ley Orgánica judicial para que se adicione que en las Cámaras Contra el Crimen Organizado sea un magistrado quien retome los casos en los que se vean implicadas las personas menores de edad.
Este año, la Corte ha solicitado una serie de reformas, entre redistribuciones de funciones de cámaras y tribunales, para liberar la carga por casos de detenciones bajo el régimen de excepción. Esta vez se ha repetido esta tendencia.
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Según las propuestas, la Corte busca “dinamizar los esfuerzos para fortalecer la investigación judicial y procesamiento penal de estructuras criminales”.
“Las Cámaras contra el Crimen Organizado estarán conformadas por tres magistrados. Uno de ellos será designado por la Corte Plena para conocer de los incidentes y recursos seguidos contra los niños, niñas y adolescentes vinculados con estructuras de crimen organizado”, es la propuesta de modificación.
Las Cámaras Contra el Crimen Organizado están conformadas por tres magistrados. En San Salvador se buscó habilitar dos, todas con competencia a nivel nacional.
De igual manera, en San Salvador se solicitó hubiera seis Tribunales Contra el Crimen Organizado, con competencia en: San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango; y dos Juzgados de Garantías (respecto a las intervenciones telefónicas), con competencia a nivel nacional.
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Para Santa Ana se solicitaron tres Tribunales Contra el Crimen Organizado, para operar en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. Para San Miguel, se buscó instalar dos Tribunales Contra el Crimen Organizado, que podrían recibir casos provenientes de departamentos del oriente como el mismo San Miguel, además de Usulután, La Unión y Morazán.
Los anteriores juzgados se conformaron por conversión de otras sedes judiciales, como parte del “óptimo uso” de los recursos del Estado, con base en los controles estadísticos internos judiciales.
Juicios masivos
Una de las disposiciones aprobadas bajo la misma justificación oficial de "dinamizar los esfuerzos por fortalecer la investigación judicial y procesamiento penal de estructuras criminales" son los enjuiciamientos masivos con hasta 900 personas procesadas con la misma prueba.
La medida, solicitada por el gobierno central, y aprobada por el oficialismo en el pleno legislativo ha sido cuestionado por profesionales del Derecho y en Derechos Humanos.
Fracciones legislativas, luego de acompañar la medida, reconocieron no estar de acuerdo con esta iniciativa, tal fue el caso de la fracción del PCN, sin embargo, la medida ya está siendo implementada.