El rumor de que el exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, sería contratado en la Corte Suprema de Justicia como Magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, se supo desde hace casi dos meses, informó Jonathan Sisco, abogado constitucionalista.
La Prensa Gráfica publicó este lunes 17 de octubre que fuentes internas del Órgano Judicial les informaron que a partir de este lunes, Tobar llegó a la sede judicial para ocupar el cargo en sustitución de otra magistrada que dejó el puesto el viernes pasado.
“Según detallaron las mismas fuentes, Ercilia del Carmen Artiga, quien fungió como magistrada junto al presidente de la referida Cámara, Carlos Alberto Iraheta Zelaya, se despidió el 14 de octubre”, señala LPG en su nota.
“Yo había escuchado de ese rumor, pero no tengo un dato objetivo, pero es algo que ya esperábamos, así nos habían comentado algunas personas, que había negociado eso y que estaba esperando regresar, fue el cambio de él desde hace casi dos meses”, afirmó Sisco.
Tobar terminó su periodo en la PDDH el pasado 15 de octubre y en su lugar la Asamblea juramentó a la ex procuradora Raquel Caballero de Guevara.
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Esta funcionaria fue sancionada reiteradamente por el Tribunal de Ética Gubernamental, mientras estuvo como procuradora en la PDDH entre 2016 a 2019, por faltas a la ley, por contratar y promover el ascenso de familiares y por el uso de recursos públicos para uso personal.
Sisco explicó que la contratación de Tobar se debe a las reformas a la Ley del Órgano Judicial que la Asamblea oficialista aprobó desde que llegó el 1 de mayo de 2021 a gobernar con la mayoría calificada del partido Nuevas Ideas.
“Se presta a que los funcionarios judiciales sean premiados o castigados según su fidelidad a ciertas personas ajenas a dicho Órgano o a algunos magistrados, pero también se deja de largo el Art. 187 de la Constitución y todo el proceso confrontado para el nombramiento de funcionarios en el Órgano Judicial”, afirmó Sisco.
Cabe mencionar que Tobar después de que en la pandemia denunció las violaciones a los derechos humanos y los abusos de poder del gobierno; en el régimen de excepción hizo lo contrario.
Para Tobar no habían suficientes elementos para determinar que sí había atropellos a las personas, pese a visitar los centros penales, a las miles de denuncias de los familiares de los capturados de forma arbitraria y que decenas de ellos han muerto en custodia del Estado.
Según dijo, esto permite que exista “un fraude de ley en este tipo de nombramientos”, ya que no se realiza un proceso objetivo de evaluación de perfiles, de trayectoria de los profesionales ni se valora si tienen condenas ante el Tribunal de Ética o procesos abiertos.
“Aquí incluso, sin mencionar este caso particular, hay personas que pueden tener procesos abiertos y llegan a una posición de poder en el Órgano Judicial donde podrían beneficiarse de este cargo para tratar de limpiar esos cuestionamientos que han tenido”, lamentó el abogado.
Añadió que se presta a actos de corrupción, pues como dice el dicho “quien paga el mariachi, pone la canción”, comparó Sisco.
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó que habría que analizar si se ha cumplido con lo que dice la ley de la Carrera Judicial en cuanto a procedimientos de evaluación y nombramiento en el cargo.
“Si no, ha sido una designación que está al margen de estos procedimientos regulares. Si no se ha hecho habría que investigar las razones del porqué se ha dado, porque sería un nombramiento irregular”, apuntó Escobar.