La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, instituciones encargadas de proteger la legalidad o hacer cumplir la ley, también están violando los derechos humanos en el régimen de excepción, a juicio del ex procurador de derechos humanos y jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales.
Morales hizo un análisis sobre las violaciones al derecho al debido proceso, cometidas desde la Corte Suprema de Justicia en pleno y desde la posición de el fiscal general, en el contexto del régimen de excepción, que inició el 27 de marzo de este año y se ha prorrogado en ocho ocasiones.
“La Fiscalía general y el órgano judicial están llevando adelante una política fiscal y judicial de violación al debido proceso, en todos los casos relacionados a la aplicación del régimen de excepción”, afirmó Morales durante la presentación del último informe de esa organización.
2,000
Esta es la cifra de personas liberadas desde el inicio del régimen de excepción hasta el 8 de noviembre, admitió el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.
El exprocurador explicó que la Fiscalía está presentando los casos del régimen, mayoritariamente, en los juzgados especializados contra el crimen organizado, sin que estén fundamentados en investigaciones serias o mínimas.
“En la generalidad de los casos, la Fiscalía está presentando información ambigua, incierta, de contexto, de llamadas anónimas y de informes policiales que no han sido verificados”, expuso.
Según Morales, esto lleva a que no se individualicen la presunta conducta delictiva de cada persona, por la que la Fiscalía solicita la detención provisional (mandar a la cárcel), con tan solo esa información, que muchas veces no constituye, ni siquiera indicios o evidencia cierta.
Noah Bullok , director ejecutivo de Cristosal, explicó durante el foro ¿Es la democracia un obstáculo en el combate a las pandillas?, realizado el cuatro de noviembre en Guatemala, que una de las violaciones de derechos humanos es que los capturados enfrentan juicios colectivos.
“Nosotros (Cristosal), hemos tratado de ejercer la defensa en juicios que involucran entre 200 y 600 personas, acusadas por el mismo delito, sin poder ejercer la defensa ante jueces sin rostro”, expuso. Según datos de Cristosal la audiencia en la que más personas han sido acusadas a la misma vez fue realizada por el Juzgado especializado de Santa Ana, en la que se acusó a 552 personas. El proceso fue declarado en reserva total.
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Morales recordó que la Ley contra el crimen organizado vigente no autoriza la violación al debido proceso, sino que supone que se van a respetar los principios del derecho penal establecidos en el código penal y procesal penal.
“Por el contrario, el artículo 16 de la Ley contra el crimen organizado coloca un estándar más alto de exigencia a la Fiscalía al momento de presentar su requerimiento. Se supone que han investigado estructuras de crimen organizado y van a presentar pruebas”, expresó.
El especialista en derechos humanos explicó que a pesar de las carencias y las ilegalidades con las que la Fiscalía presenta los casos, los jueces especializados están ordenando masivamente las detenciones desde el inicio del régimen.
4,071
Este es el número de denuncias de abuso de poder. La mayoría es de detenciones arbitrarias, según siete organizaciones de sociedad civil hasta el 21 de octubre.
El 22 de agosto, el fiscal general Rodolfo Delgado publicó en su cuenta de Twitter que 45,260 personas capturadas durante el régimen de excepción habían sido enviadas a prisión provisionalmente. El 7 de agosto, había dicho que el número era de 38,562, lo cual significa que en 15 días fueron enviadas a prisión 6,708 personas, un promedio de 447 cada día.
“Hay una complicidad deliberada de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia incluyendo la Sala de lo Constitucional en tolerar estas graves violaciones a los derechos humanos, pero también en impulsar una política fiscal y judicial de persecución para violar deliberadamente el debido proceso”, aseguró Morales.
La Sala de lo Constitucional fue señalada en septiembre de este año por la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) de no resolver los habeas corpus presentados por familiares por presuntas capturas arbitrarias.
Entre el 27 de julio y 28 de agosto, correspondiente a la cuarta prórroga, la Sala de lo Constitucional recibió un total de 416 solicitudes, de las cuales no resolvió ninguna en el periodo observado.
En la tercera prórroga, del 27 de junio al 27 de julio, la Sala recibió, a través de su secretaría, 565 peticiones de habeas corpus, de las cuales estaban pendientes de resolver 563, al final de esa fase.
En tanto, en la segunda prórroga del régimen, la Sala recibió 173 solicitudes, en la primera prórroga 197 y en el régimen inicial 86, de las cuales hasta el 27 de julio no había resuelto ninguna de esas solicitudes.
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En ese momento, Wilson Sandoval, coordinador de Alac, explicó que la Sala de lo Constitucional ha asumido una postura política con consecuencias jurídicas, que busca ser coherente con la política de seguridad pública del Ejecutivo.
“No resolver hábeas corpus viene a complementar esta narrativa que indica que todos los que están siendo detenidos son pandilleros o están asociados con un acto ilícito”, expuso.
1,825
Habeas corpus presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde que inició el régimen de excepción hasta la cuarta prórroga, según datos recopilados por la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac).
Para el exprocurador Morales, los jueces y juezas especializados que conocen los casos del régimen tampoco están ejerciendo su control de legalidad, convencionalidad y constitucionalidad.
Morales explicó que los jueces y juezas está violentando y obstaculizando deliberadamente el derecho a la defensa, otorgando menos tiempo a los defensores para sus intervenciones en las audiencias e imponiendo el secretismo a los procesos penales por solicitud de la Fiscalía con la reserva generalizada de todos los casos, violentando el principio de publicidad.
“Las reservas pueden ser parciales o totales según las características específicas de cada caso, sin embargo, se ha generalizado una política judicial de reserva total a todos los procesos del régimen”, dijo.
Morales explicó que también se tolera por parte de los juzgadores que los micrófonos de los centros penales (en audiencias virtuales) estén apagados sin que las personas procesadas no puedan tomar la palabra durante las audiencias.
“Esto es llamativo porque en los primeros meses cuando se les concedía la palabra (a los procesados) denunciaban los graves abusos y atropellos que están recibiendo, durante la detención y privación de libertad”, denunció.
Además, los jueces están ordenando casi en automático la detención provisional (enviando a prisión) a todas las personas que son acusadas.
Jueces sin rostro
Desde que inició el régimen de excepción, la Corte Suprema de Justicia en pleno nombró al menos 15 nuevos jueces y juezas especializados en crimen organizado, los cuales se conocen como jueces sin rostro, según consta en actas publicadas, con muchos meses de retraso, de las secciones de la Corte Plena.
Los jueces sin rostro son juzgadores cuya identidad no puede conocerse. No se sabe quiénes son, ni cuáles fueron sus procesos de nombramiento.
“Es decir no podemos saber quiénes son las personas nombradas como nuevos jueces, no sabemos si tienen idoneidad e imparcialidad, si tenían los requisitos mínimos para ejercer la judicatura”, explicó Morales.
Esta situación ya había sido denunciada por Héctor Carillo de Fespad, durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en junio, quien señaló que el régimen de excepción y sus prórrogas va configurando un sistema de desprotección total.
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90 personas han fallecido desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha, según datos de Cristosal
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Ellos son los encargados de dar asistencia a todos los capturados, en promedio unos 195 casos por defensor.
“Los procesos penales se desarrollan en extremo secretismo, bajo la figura de jueces sin rostro (…) Los jueces especializados han sido nombrados en su mayoría durante estas medidas y dictan la instrucción con detención de forma generalizada”, señaló.
Cristosal ha verificado en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que tampoco hubo proceso para la elaboración de ternas para el nombramiento de los nuevos jueces, como establece la ley.
“Vas a enfrentar jueces que fueron nombrados afuera del procedimiento normal específicamente para ver tu caso, pero nunca lo vas a ver, nunca vas a poder ejercer la defensa y al final de cuentas vas a tener una condena por delitos que implican entre 30 y 40 años de cárcel”, explicó Bullock sobre este punto durante el foro en Guatemala.
Morales añadió que la Fiscalía está acudiendo solo a esos nuevos juzgadores, sin que la Corte haya aplicado un mecanismo administrativo para que haya una distribución equitativa de los casos del régimen.
“Este tipo de organización de estructuras dentro del judicial que están funcionando de facto para conocer los casos del régimen está prohibida por la Constitución en el artículo 190” aseguró Morales.
57,007
Personas han sido capturadas desde el 27 de marzo hasta el 8 de noviembre, según datos publicitados en la cuenta de Twitter del ministro de Seguridad.