La Corte Suprema de Justicia (CSJ) retrocedió en su orden girada a los tribunales de sentencia de la República, de remitir informes sobre personas que siguen en prisión a pesar de existir una orden judicial de ponerlos en libertad.
Tal orden fue dada por escrito el pasado 9 de agosto, a raíz de una solicitud que hiciera el Oficial de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, la cual a su vez fue canalizada a través del comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, el colombiano Andrés Guzmán Caballero.
En el Oficio número SGKR 439-2024, de fecha 9 de agosto del corriente año, firmado por la Secretaria General de la CSJ, Julia del Cid, se les solicitaba a los Tribunales de Sentencia de la República la información solicitada por el funcionario estadounidense.
Sin embargo, ese mismo 9 de agosto, la Corte dio marcha atrás aduciendo un error administrativo, y bajo el oficio SGKR 443-2024, escribió: “Cordialmente, se hace de su conocimiento que se deja sin efecto (subrayado y resaltado) lo requerido en el oficio SGKR-439-2024, en relación a la petición de información del Oficial de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos de América acreditada en el país, respecto al número de casos en los que la Dirección General de CentrOs Penales, no ha cumplido con las órdenes de libertad giradas; en razón que por un error administrativo, se les requirió dicha información a sus dignas autoridades judiciales, siendo lo correcto que era y es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia quien debe responder la solicitud ya relacionada”.
El pasado martes, El Diario de Hoy intentó, a través de correo electrónico, contactar con la funcionaria judicial cuyo nombre y firma aparece en los documentos, sin embargo hasta la publicación de esta nota no se tenía respuesta.
Decenas de encarcelados arbitrariamente
Organizaciones nacionales e internacionales, activistas por los derechos humanos, han denunciado reiteradamente muchos casos de personas que continúan encarceladas debido a que Centros Penales, dirigido por Osiris Luna Mesa, no ha obedecido tales órdenes.
En opinión de abogados consultados, los funcionarios de Centros Penales estarían incurriendo en varios delitos, entre éstos, desacato, privación de libertad o desaparición forzada. Muchas familias no tienen certeza del estado de salud en que se encuentran sus parientes.
Uno de esos casos es el de la joven Marbely Selena Medina Aguilar, originaria de Ahuachapán, quien fue capturada el 22 de agosto de 2022, por agentes policiales, quienes a pesar de que la conocían bien, la detuvieron bajo el régimen de excepción.
De acuerdo con la madre de Marbely, a principios de mayo de 2023, el juez de la causa ordenó que la joven fuera puesta en libertad bajo medidas, mientras continuaba su proceso judicial.
La hija de Marbely, de pocos meses de edad, murió el 17 de mayo de 2023, debido a problemas de salud que sufrió mientras estaba en prisión con su madre. ReIna Aguilar asegura que no sabe si su hija está enterada de la muerte de su niña.
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El lunes anterior, Marbely enfrentó su segunda audiencia. Reyna se enteró porque hubo personas que la reconocieron en unas imágenes difundidas en redes sociales sobre la realización de la audiencia.
La desobediencia de los funcionarios de Centros Penales incluso ha derivado en que algunas personas hayan muerto mientras estaban encarceladas a pesar de que los jueces habían ordenado que fueran puestos en libertad.
Ejemplo de lo anterior son las muertes, para citar solo dos ejemplos, de Marvin Alexis Díaz Lozano, de 23 años, y de Juan de Jesús Orellana.
Marvin falleció a finales de julio de este año, pocos días después de que fuera liberado, debido a que circularon imágenes de él postrado en una camilla del hospital Rosales.
Mientras estuvo en prisión, el joven originario del distrito de Santa Elena, departamento de Usulután, enfermó de cáncer y tuberculosis.
En el caso de Juan, este también murió a finales de septiembre de 2023. Había sido capturado el 30 de mayo de ese mismo año en su vivienda, en una colonia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
Juan padecía de una enfermedad renal crónica. Centros Penales le negó la libertad en cuatro ocasiones a pesar de las reiteradas órdenes judiciales y el pago de una fianza de 1,000 dólares, afirmaron familiares de la víctima.