La Corte de Cuentas de la República (CCR) recibió 149 denuncias ciudadanas durante el 2023, de acuerdo a su informe de labores presentado a la Asamblea Legislativa.
Del total de 119 denuncias, el 80% fueron admitidas y enviadas a las distintas direcciones de auditoría de la sede central y regionales, seis de ellas (el 4%) fueron remitidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y 24 (16%) se remitieron al Archivo Interno del Departamento “debido a su improcedencia”.
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De las 119 denuncias recibidas, el 67.8% corresponden a casos de irregularidades administrativas, el 27.5% fueron relacionadas a la administración financiera y el 4.7% restante por uso de vehículos, licitaciones irregulares, abusos de autoridad e irregularidades en el proceso de auditoría.
El informe de la institución no nombró o enlistó aquellas de las que recibió denuncias e investigó, ni de aquellas de cuyos casos fueron archivados.
Para el proceder de estas, el área jurisdiccional alcanza a las actividades de organismos, entidades, y personas que hayan recibido asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos, en cuyo caso el control de la CCR se aplica únicamente al ejercicio en que se haya efectuado el aporte o concesión y al monto de los mismos.
Para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la CCR se divide en una Cámara de Segunda Instancia, integrada por un Presidente y dos Magistrados y en siete Cámaras de Primera Instancia, conformadas cada una de ellas por dos Jueces de Cuentas.
Las Cámaras de Primera Instancia inician su función con la recepción de informes de auditoría con hallazgos y finalizan con la emisión de la sentencia correspondiente.
En 2023, las Cámaras de Primera Instancia emitieron un total de 346 sentencias, de las que 199 (58%) corresponden a diferentes municipalidades (no se especificaron). Las otras 157 (el 42%) corresponden a las demás instituciones públicas.
Por ley, la responsabilidad administrativa se sanciona con multa y la responsabilidad patrimonial al reintegro de fondos públicos.
De las sentencias 105 de ellas fueron por responsabilidad administrativa.
Según la Ley de la Corte de Cuentas (LCCR), la responsabilidad administrativa de los funcionarios y empleados de las entidades y organismos del sector público, se dará por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les competen por razón de su cargo.
Tres de las sentencias fueron por responsabilidad patrimonial, lo cual se vincula con por el perjuicio económico demostrado en la disminución del patrimonio, sufrido por una entidad pública, debido a la acción u omisión culposa de sus servidores o funcionarios. El resto, por otros.
Por otra parte, La CCR señala que en 2023 ejecutó 665 acciones de control, de las cuales 468 se finalizaron, 91 se encuentran en la fase de borrador de informe, 71 en la fase de ejecución y 35 en la fase de planificación.
Las acciones de control corresponden a auditorías, auditorías de exámenes especiales, peritajes y dictámenes sobre
estados financieros.
Plan de Fiscalización Municipal 2024
Debido a la cercana entrada en vigencia de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que eliminó los 262 municipios y los concentró en 44, la CCR elaboró un plan especial para garantizar que, al 31 de diciembre de 2024, todos los gobiernos locales del periodo 2021-2024 hayan sido auditados.
Este se denominó Plan de Fiscalización Municipal 2024. “La CCR emitió el Plan con el objetivo de fiscalizar la gestión de 103 gobiernos locales en el periodo 2018-2021 y 174 correspondiente al periodo 2021-2024.