Este martes, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador inició el juicio en contra de diez acusados por peculado (malversación de dinero público), lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento, en el marco del caso denominado "Saqueo Público", donde se procesa a la exprimera Dama Vanda Pignato.
La Fiscalía General de la República señala que los delitos contribuyeron a desviar $351 millones de las arcas de Estado salvadoreño.
El juicio es afrontado por Vanda Pignato; el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas; el exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; el exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, un asistente técnico financiero, Pablo Gómez, así como Miguel Menéndez, expresidente de CIFCO, conocido como “Mecafe”, Luis Miguel Ángel García y Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro del expresidente Mauricio Funes, (Guzmán no ocupaba ningún cargo público).
En febrero de 2022, la representación fiscal aseguró antes de la celebración de la audiencia preliminar, que contaba con más de 2,500 evidencias de los delitos atribuidos a los procesados.
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Más de 25 peritajes financieros y testimonios también fueron parte de las pruebas presentadas ante el Juzgado Octavo de Instrucción.
Para julio de 2022, tras la resolución del tribunal de instrucción que los envió a juicio, un abogado defensor explicó que el juez declaró inadmisible dictámenes de la Corte de Cuentas de la República que concluía que hubo "razonabilidad en el uso de gastos reservados".
En tanto, el imputado David Marciano Rivas, alegó que 33 cheques girados a su nombre que suman $810,000 se destinaron a pagos a empleados de la Secretaría de Comunicaciones y que no era una práctica nueva.
Hoy en el inicio del juicio, la Fiscalía adelantó que presentaría 1,300 piezas con evidencia documental, pericial y testimonial.
El Ministerio Público sostiene que los acusados crearon cuentas en el Banco Hipotecario para desviar el dinero a través de cheques. Añade que, al menos $270 millones fueron abonados presuntamente a cuentas personales del expresidente Funes, separado de este proceso y declarado rebelde, tras no comparecer ni enviar un abogado en representación.
Funes huyó en 2016 a Nicaragua, donde el régimen totalitario de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad en 2019 y está exiliado.
Todos los procesados, a excepción de Mecafé y Guzmán Berdugo, siguen el proceso en libertad. El juicio ha iniciado después de tres aplazamientos por diferentes motivos.