La organización Cristosal presentó este martes por la mañana una demanda de inconstitucionalidad contra una de las regulaciones que se aprobó de forma simultánea al régimen de excepción: “El Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios y para la Ejecución de Obras y todo tipo de inversión del Estado”. Esto por considerarlo preocupante, al presuntamente facilitar procesos de compra fraudulentos y favorecer la corrupción durante la suspensión de derechos, comunicó la organización.
Cristosal advierte que, debido a la anulación de la transparencia en los procesos de compras públicas, esta medida impide que la ciudadanía pueda seguir procesos de auditoría y estropear la rendición de cuentas.
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Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y de justicia de Cristosal, en una conferencia de prensa, previa a interponer la demanda, dijo que el sistema de compras públicas en El Salvador ha sido reformado. Advirtió que esta regulación se suma a ello “porque viene a impactar y a violentar los principios de las compras públicas establecidas en la constitución de la república y en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”, destacó.
Además, dijo que estas regulaciones vulneran la ética, la probidad y la transparencia que se debe de seguir en los procesos de contratación, “desafortunadamente estamos frente a un sistema que está vulnerando no solo la transparencia y la rendición de cuentas sino que también está promoviendo la corrupción en el país”, explicó López.
Esta regulación permite que el Ejecutivo pueda adquirir bienes y servicios sin realizar procesos de licitación pública, bajo el argumento de que dichas contrataciones o adquisiciones funcionarán para cumplir con los “objetivos del régimen de excepción'', expresó la organización.
Otro elemento importante que mencionaron los representantes de Cristosal es que bajo esta regulación se establecen condiciones favorables para la corrupción porque faculta que los fondos públicos se utilicen de forma arbitraria para cumplir obligaciones estatales, que son de carácter ordinario y no excepcional, por ejemplo, la seguridad pública.
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La organización advirtió que esta reforma le faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) romper con los procesos de contratación. En palabras de Ruth López, expone a que la FGR pueda ser sujeto de corrupción. Esto le impide a la ciudadanía auditar lo que se realiza. La abogada destacó que “La transparencia en El Salvador ha servido únicamente como discurso de campaña electoral”.
Es posible que por medio de esta reforma aprobada el 21 de junio, se brinde posibilidades para utilizar fondos sin rendir cuentas, evadiendo los mecanismos de control que normalmente se aplican con la LACAP, lo que puede llegar a propiciar que se favorezcan intereses personales.