La Ley Anticorrupción impulsada por el oficialismo responde a una medida publicitaria, así lo afirmó la abogada Ruth Eleonora López, en la entrevista con YSUCA este martes.
“Lo que han hecho es una ley con un objetivo publicitario para decir ‘estamos luchando contra la corrupción’, pero con las manos cerradas, sin poder hacer algo y por el otro lado sin instituciones que se ajustan”, señaló la jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal.
Dijo que la responsabilidad de la lucha contra la corrupción la lleva el representante de cada institución, en la Fiscalía General de la República (FGR), tanto el fiscal general como los auxiliares, y así con todas las instituciones de control.
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“Tantas cosas que dicen las leyes vigentes en El Salvador que da un poco de risa que les den estas obligaciones así como licuadas y resumidas en una sola ley”, consideró.
La ley da paso a la conformación del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), el cual establecerá los lineamientos y políticas necesarias para la articulación de todas las instituciones integrantes del mismo, para la comunicación entre ellas y “combatir así conductas constitutivas de delitos relacionados con la corrupción”, a la detención, incautación de bienes derivados de los ilícitos e impedir que usen el Sistema Financiero o el Centro Nacional de Registros.
Ante esto, López recuerda que por mandato constitucional las instituciones públicas ya están mandadas a colaborar entre sí (art. 86).
Con la ley también se creará el Centro Nacional Anticorrupción, como un ente adscrito a la Fiscalía y ejecutará todas las acciones de inteligencia relativas a la prevención, investigación y persecución de los delitos de corrupción.
Para ello, sugirió que se deba conocer cuántos casos remite la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a la Fiscalía General.
Responde a necesidad de fondos
López consideró también que el surgimiento de la ley responde a una petición exprés del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que evidencia la necesidad de recursos que tiene el gobierno.
“Esto se ha hecho en el marco de estos acuerdos a los que se ha llegado con el FMI… Me imagino que si el gobierno presentó esto es porque ya el FMI les había dicho ‘mire, haga cualquier cosa, yo se los voy a dejar pasar’”, estimó la experta.
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La representante de Cristosal dijo que llama la atención que el mismo Fondo Monetario se pueda dar “satisfecho” con dicha medida cuando ni siquiera la información financiera sobre el país les dejó revelar el gobierno salvadoreño. tal como ocurrió en abril de 2023.
Reformas favorecen la corrupción
Ruth López dijo que las recientes reformas al Código Procesal Penal favorecen que impere la impunidad en el país, debido a que los casos de administraciones fraudulentas, (como el caso COSAVI) solo serán investigadas si las víctimas denuncian los casos.
Esta reforma se aprobó el pasado viernes y deja la carga del costo de los peritajes necesarios para investigar el delito en las víctimas.
También establece que aunque haya una conciliación civil, la persona acusada seguirá con el proceso penal en su contra.