La Fiscalía General de la República ordenó este miércoles la detención de nueve empleados de la sede oriental de la Corte de Cuentas de la República (CCR), bajo cargos de incumplimiento de deberes.
Según el Ministerio Público, los capturados se aprovechaban de sus cargos y facultades para omitir información sobre las auditorías realizadas a alcaldías de la zona oriental del país.
La Fiscalía señaló que los nueve detenidos omitieron documentar los hallazgos en alcaldías de los municipios de Bolívar, Comacarán y Chilanga con el objetivo de que no se iniciaran los procesos correspondientes. Las omisiones se produjeron entre 2017 y 2019.
En 2020, fueron señalados de manipular informes de alcaldías del oriente del país, para ocultar irregularidades. A cambio, recibían hasta 40 mil dólares para "limpiar expedientes".
Además la fiscalía detalló que, hasta el momento, se ha determinado que de 563 observaciones a las alcaldías, solamente 48 fueron consignadas en informes que derivaron en juicios de cuentas.
Algunos de los incumplimientos que la FGR señala de haber cometido son: omitieron auditar algunos rubros, no superaron los hallazgos sin fundamentar su decisión, algunas observaciones fueron registradas como asuntos menores y ampliaban el plazo de las auditorías para que se corrigieran hallazgos.
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"Entre los capturados hay directores, jefes y auditores quienes se prestaban para emitir dichos informes de manera ilegal, incumpliendo su deber de fiscalizar debidamente las finanzas públicas de las alcaldías", detalló la FGR.
Los detenidos fueron identificados como: Ismael Pereira Vásquez, quien funge como director regional de la CCR; Wilmer Neftaly Reyes, José Carlos Pacheco, Ramón Armando Alvarado y José Benigno Álvarez, todos con cargos de jefatura en la entidad contralora; y los auditores, Vilma Anabel López, Cristin Levi Vásquez, Manuel Antonio Gómez y Karen Lisseth Medina.
Tras las detenciones, la Corte de Cuentas de la República emitió un comunicado en el que asegura haber colaborado con la investigación de la Fiscalía e informó que los empleados de la institución involucrados en la trama se encuentran ya en un proceso para ser despojados formalmente de sus cargos.
"La Corte de Cuentas de la República reitera su compromiso de fiscalizar los fondos públicos y combatir la corrupción, a través de su nueva visión basada en la prevención, el control y detección efectiva del fraude", concluyó la entidad.
Desde 2020
El Diario de Hoy publicó una investigación en febrero de 2020 en la que se reveló que, al interior de la oficina regional de oriente de la Corte de Cuentas de la República, había una red de auditores que cobraba entre $10,000 y $40,000 a cambio de entregar exámenes de auditoría o de ejecución de proyectos sin reparos de irregularidades a una decena de alcaldías de los cuatro departamentos orientales (San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión).
La presidenta de la Corte de Cuentas en ese entonces, Carmen Elena Rivas, confirmó a este medio que habían iniciado una investigación debido a denuncias sobre tales anomalías.
También, en documentos consultados para la investigación, se constató que 19 de los empleados de la oficina regional de la CCR eran investigados por sospechas de ser parte de la presunta red de corrupción. Rivas indicó por su parte que eran 21.
Chilanga y Meanguera en Morazán; Lolotique, Quelepa y Chinameca en San Miguel; Santa Elena, Berlín, Nueva Granada, Alegría, Jucuarán y San Francisco Javier en Usulután; y Bolívar en La Unión, son las municipalidades que habrían sobornado a auditores, de acuerdo con la investigación. En ese momento eran gobernadas bajo las banderas de GANA, ARENA y FMLN.
Rivas, titular de la CCR entre 2017 y 2020 dijo que ya habían recibido denuncias sobre las irregularidades en el funcionamiento de la dependencia de la entidad en oriente, pero que estas eran de control interno y no involucraban a terceros ajenos a la institución.
Tres alcaldes de las municipalidades antes mencionadas, a los que El Diario de Hoy cuestionó sobre los señalamientos, respondieron para negar haber dado dinero a los auditores para que les beneficiaran en el control de las finanzas.