Que se considere el agua como bien público, se garantice el derecho humano al agua y que se aplique un régimen económico justo y equitativo. Eso pide al Ejecutivo, el Director de incidencia y políticas públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Luis González en relación al reglamento que elaborará sobre la Ley General de Recursos Hídricos.
Dicha normativa entró en vigencia este martes 12 de julio tras cumplirse el plazo de seis meses que estableció la Asamblea Legislativa luego de su aprobación a finales del 2021. Expertos cuestionan que no se ha hecho público los nombramientos de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que es el ente que aplicará la normativa.
El representante de la UNES indicó que la normativa tiene cinco grandes vacíos los cuales espera sean subsanados a la hora de trabajar en su reglamento dado que eso garantizará un mayor funcionamiento.
En primer lugar, el experto mencionó esta semana en radio YSUCA que es necesario que el agua sea considerado como bien público y no con enfoque privatizador. “Desde nuestro punto de vista esta ley tiene un enfoque privatizador al otorgar permisos por 15 años renovables por cantidades iguales o superiores a los 365 mil metros por año a entidades públicas o privadas ya sean personas naturales o jurídicas”, opinó.
A su juicio, en dicho marco jurídico se debe garantizar de manera real el derecho humano al agua. Explicó a que pese a que la ley lo plantea en el articulado este “no se operativiza”.
“Esto refiere a que el derecho humano al agua, más allá de un enunciado tiene elementos para su concreción o su vigencia. Entre estos está la calidad y la accesibilidad del agua y cada uno de estos aspectos tiene otras aristas”, indicó.
González reiteró su exhortación para que se tomen en cuenta aquellas propuestas, especialmente de las juntas de agua que dijeron que era necesario que no se les cobrara canon.
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“El régimen económico, justo y equitativo que tampoco lo vemos en la ley y muestra de esto es de que se plantea el pago por uso del agua y también por vertidos a todos los que pidan autorización para uso del vital líquido, incluyendo las juntas del agua que son las que han garantizado este derecho y al ponerles un pago implicaría una quiebra y quienes han recibido el agua no podrían seguirla recibiendo”, explicó.
Otros elementos que según el experto no incluye la normativa es la participación ciudadana y protección sustancial de cuencas. A su juicio, el oficialismo tomó en cuenta la propuesta de organizaciones sociales, pero la adapto de acuerdo a sus intereses.
“Con la entrada en vigencia de Ley General de Recursos Hídricos seguimos planteándolos y esperamos que habrá un espacio de 180 días para que se elabore desde el Ejecutivo el reglamento de la ley pues estos elementos puedan ser subsanados en el cuerpo del reglamento de manera que la normativa pueda ser aplicada de la mejor manera”, concluyó.