En octubre de 2019, un estallido social sacudió al sistema político chileno, uno de los más estables del hemisferio.
El origen de este fue un alza a los boletos del metro de Santiago, capital del país, pero poco a poco se fue agregando el descontento por un sistema que no logró canalizar las crecientes demandas políticas.
Si bien la respuesta del entonces presidente Sebastián Piñera fue inicialmente de condenar las protestas y responder con fuerza –y en ocasiones abuso de poder– a las mismas, eventualmente tuvo que ceder y aceptar que había que abrir espacios de demandas políticas.
Tras casi un mes de diálogo entre el gobierno y fuerzas opositores, se acordó convocar a un proceso para elaborar una nueva Constitución que intentara apaciguar la tensión política.
El primer paso era convocar a un plebiscito para decidir si la ciudadanía realmente aspiraba a tener una nueva ley máxima. Este se programó para abril de 2020, pero la pandemia de covid-19 obligó a posponerlo hasta octubre de ese mismo año.
Ese día, el 78.28 % de los más de 7 millones de chilenos que participaron eligieron seguir adelante con el proceso.
Además, la mayoría eligió que el texto de la nueva Carta Magna lo elaborara una asamblea constituyente elegida en su totalidad para ello y no una mixta con legisladores ya nombrados.
Este domingo, son 15 millones los chilenos llamados a votar y decidir si aprueban o rechazan la nueva Constitución.