Coincide en tiempo de que Chile está llevando adelante un proyecto de una nueva Constitución para reemplazar la de 1980 y el gobierno de Nayib Bukele impulsa un proyecto de reforma a la Constitución de 1983 considerada por abogados como una “nueva Constitución disfrazada” porque pretende reformar más de 200 artículos, es decir casi la totalidad.
Pero las coincidencias acaban ahí, porque más allá de coincidir en tiempos, abogados consultados ven ambos proyectos totalmente opuestos, principalmente porque en Chile se trata de un clamor ciudadano que viene de lejos mientras en El Salvador es visto por las fuentes como un proyecto unilateral.
“Visto desde lejos, el caso de Chile responde a un deseo de muchos sectores, acá en El Salvador es más la visión del vicepresidente y del órgano Ejecutivo, más unilateral”, consideró el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo al respecto.
En efecto, Chile viene hablando de hacer una nueva Constitución desde la época de la expresidenta de izquierda Michelle Bachelet en 2013, pero fue hasta las protestas masivas de 2019 que los políticos en Chile se pusieron de acuerdo en redactar una nueva Constitución porque la actual, que data de 1980, es señalada de tener aún aspectos autoritarios, pues fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El proyecto del gobierno de Bukele nace de su agenda, pues en 2020 su vicepresidente Félix Ulloa creó una comisión ad hoc para tales fines, pero según abogados consultados, como Humberto Sáenz, la misma no inclusó diversos sectores.
“Es una génesis ilegítima que ha salido de Casa Presidencial, que no tiene facultades constitucionales para promover una reforma constitucional, pero más allá de ese génesis ilícito constitucional, otro problema gravísimo del proceso es la oscuridad con la que se ha manejado”, dijo Sáenz cuando se conoció de la comisión.
El anteproyecto, que fue presentado por Ulloa al presidente el 15 de septiembre de 2021, incluye cambios a más de 200 artículos e incluye polémicas reformas que trastocan la forma de gobierno republicana consagrada en la actual Constitución, porque permite la existencia de un partido político único, lo cual va en contra de la alternancia del poder, además de permitir la existencia de grupos armados, además de incluir el referendo como mecanismo de reformar la Carta Magna.
“Considero que reformar 200 de 249 artículos (sin contar las disposiciones transitorias), se trata, en realidad, de un cambio disfrazado de Constitución”, dijo la abogada Erika Saldaña en torno a si en El Salvador se trata de una reforma o de una nueva Constitución.
Bertrand Galindo explicó que la actual Constitución no establece una forma de hacer una nueva Constitución, porque para redactar la de 1983 se convocó a una Asamblea Constituyente por el momento que vivía el país luego de un golpe de estado ante los regímenes militares que coexistieron con la Constitución de 1960.
En ese sentido, aunque el gobierno no lo diga es prácticamente una “nueva Constitución disfrazada” coincidió Bertrand ante la cantidad de artículos que reforma el proyecto de Ulloa.
De hecho, el mismo Ulloa reconoció en un tuit en 2021 que se trataba de una nueva Constitución.
“Un merecido reconocimiento para un gran jurista/constitucionalista español. Estimado Dr. Cayetano Núñez Rivero, las futuras generaciones de El Salvador agradecerán tu participación junto al Equipo Ad Hoc, redactando la nueva Constitución.”, tuiteó Ulloa en octubre.
El proyecto chileno comenzó con un referendo a inicios de año, es decir, se le consultó a los chilenos cómo querían que fuera redactada la nueva Constitución y tenían dos opciones: que el proyecto lo hicieran diputados electos o que lo hicieran diversidad de ciudadanos.
Los chilenos votaron porque la comisión la integraran ciudadanos notables.
Una vez consensuado el proyecto, el mismo será sometido de nuevo a plebiscito, y los chilenos deberán votar si la ratifican o no. Esa votación será en septiembre.
En El Salvador, los cambios a la Constitución deben hacerse en dos legislaturas y a solicitud de al menos 10 legisladores. Aunque el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo hace dos semanas “que no tienen en el radar” ninguna reforma constitucional, el vicepresidente Félix Ulloa dice el viernes 8 de julio que el anteproyecto será presentado a la población en algunas universidades y luego sería presentado ante la Asamblea.
En ese caso, la bancada de Nayib Bukele podría darle iniciativa a la propuesta de reformar los más de 200 artículos de la Carta Magna y aprobarlos en primera instancia.
Luego, la Asamblea Legislativa que entre en 2024 debe ratificar esos cambios por al menos 56 votos, es decir mayoría calificada, que actualmente tiene el presidente Bukele.
Ya en 2024, esos cambios serían permanentes.
Proceso ordenado
En Chile, los 155 constituyentes fueron electos mediante votación y a principios de este mes de julio entregaron de forma simbólica el documento al presidente Gabriel Boric en el Congreso, quien no se ha decantado ni a favor ni en contra de la nueva Carta Magna, pero sí invitó a los chilenos a votar por el “Apruebo” o el “Rechazo” en el plebiscito de este 4 se septiembre en el cual los chilenos están obligados por ley a votar.
El nuevo proyecto incluye cambios en la seguridad social y las pensiones y declara a la nación sudamericana como “un Estado social y democrático de derecho”, “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Además nombra a Chile una “República solidaria” y define su sistema democrático como como “inclusivo y paritario”.
“Será nuevamente el pueblo el que tenga la última palabra sobre su destino”, dijo Boric ese día.
Este proyecto parece distante del que impulsa Ulloa.