Dentro del paquete de reformas a la Constitución que el Equipo Ad Hoc ha elaborado bajo el mando del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se considera la colegiación obligatoria para todas las profesiones universitarias, sin excepciones.
En ese sentido, la propuesta para que lo anterior se concretice es sustituir el Art. 62 de la Constitución otorgándole al ejercicio de las carreras universitarias un carácter de “interés social”.
La propuesta del Equipo Ad Hoc es la siguiente: “El ejercicio de las profesiones universitarias es de interés social; para poder ejercer dichas profesiones se requerirá de la autorización y control de Colegios Profesionales como Corporaciones de Derecho Público”.
Añade la moción en su inciso segundo que “la elección de los miembros de los organismos de gobierno de los colegios profesionales se hará por voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros. Las potestades sancionatorias y normativas correspondientes a los colegios profesionales estarán sujetas a la Constitución y a las leyes. La ley regulará todo lo relativo a la colegiación profesional obligatoria”.
Propuesta fue discutida
Esta iniciativa fue debatida este jueves 6 de octubre en un conversatorio que sostuvieron varios miembros del Equipo Ad Hoc en el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud (IEPROES).
En ese evento, Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, miembro del Equipo Ad Hoc, argumentó que en El Salvador algunas profesiones como la de abogados y médicos ya requieren de algún tipo de regulación para poder ejercer.
“Tal vez en algunas profesiones universitarias pueda notarse un poco más la diferencia, por ejemplo, hay profesiones liberales que quienes la ejercen no se ven en la obligación de someterse a un procedimiento previo para obtener una autorización para el ejercicio público de su profesión”, opinó Muñoz.
Pero hay casos como los abogados, en los que esa no es la situación, apuntó, pues para poder ejercer su profesión no deben tener únicamente su título universitario, sino que se ven sometidos a obtener una certificación de la Corte Suprema de Justicia que les permita ejercer sus actividades.
“En la práctica ya se está haciendo efectiva esa obligación para estar en esa nómina de abogados autorizados en la Corte Suprema de Justicia”, aclaró Muñoz.
Otro ámbito en donde dice que también se da es en la salud, siendo un campo delicado para el ejercicio de la profesión.
Ante esto, el miembro del equipo liderado por el vicepresidente Ulloa señaló que se requiere reglamentarlo para que la autorización no quede a criterios subjetivos.
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“Es mejor que sea la ley quien establezca los parámetros de carácter objetivo y no quedar a la decisión de terceros”, justificó.
Sobre el punto de que se den cuestionamientos de que la colegiación obligatoria riñe con el principio “absolutista de la libertad de asociación”, Muñoz aclara que por esa razón en la reforma se eleva la carrera profesional universitaria al grado de “interés social”, debido a que la Constitución actual no lo contempla.
Peligroso para el periodismo
La colegiación obligatoria ha sido una materia polémica en los países donde se ha instituido.
Uno de los ámbitos donde este requerimiento legal puede generar problemas es el periodismo. Esto, pues podría terminar siendo el Estado el que decida quiénes pueden ejercer esta profesión.