Este lunes, ante el comité de derechos humanos del Congreso de Estados Unidos, seis especialistas y un legislador de ese país dieron cuenta de la grave situación de derechos humanos a raíz de la instauración del régimen de excepción en El Salvador.
Dentro de este periodo, ha habido miles de denuncias de capturas arbitrarias, torturas y muerte de personas bajo custodia del Estado. Además, se está cercenando la libertad de expresión y amenazando la de prensa significativamente.
Ante este panorama, Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), afirmó que “estamos viendo signos de crímenes internacionales que se están cometiendo en El Salvador”.
A su juicio, ante las violaciones sistemáticas a derechos humanos en el régimen de excepción, El Salvador necesita mecanismos extraordinarios con apoyo de la comunidad internacional para documentar posibles casos. “Es importante que los oficiales actuales de El Salvador sepan que van a rendir cuentas, como hemos visto en la historia de Latinoamérica”, dijo y llamó a considerar avenidas de justicia internacional para que esto pase.
TE PUEDE INTERESAR: EEUU: “Muy pocos detenidos han sido liberados, lo que sugiere que pocos mecanismos de revisión (de las capturas) están operando”, lamenta Scott Busby del Departamento de Estado
Además, afirmó que en régimen de excepción se ha suspendido garantías judiciales que, según el derecho internacional, no pueden ser suspendidas, como la presunción de inocencia, el derecho a asistencia legal y el derecho a no autoincriminarse. Por ello, no dudó en considerar a este régimen “parte de una tendencia mayor de autoritarismo y deterioro de la democracia”.
Régimen de excepción es "popular, pero no correcto"
Jim McGovern, congresista demócrata y moderador de la audiencia, reconoció que el régimen de excepción es una medida popular en El Salvador, pero hizo énfasis en que popularidad no implica que todo esté bien. De hecho, consideró que la “popularidad no debería ser la única guía” y que “El Salvador tiene obligaciones con el derecho internacional de derechos humanos, las cuales no ha cumplido”.
Para el congresista, es importante que los salvadoreños puedan abordar el complejo fenómeno de la violencia de pandillas. Sin embargo, llamó a hacerlo sin socavar los derechos humanos y la libertad de expresión.
Además, consideró que sacrificar la democracia para obtener victorias en materia de seguridad es “miope, peligroso y llevará a un futuro que los salvadoreños no quieren ver”.
En la misma línea opinó Scott Busby, del buró de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado. A su juicio, es urgente derrotar a las pandillas, pero el régimen de excepción no es una “solución sostenible”.
A largo plazo, advirtió, “puede tener graves consecuencias en los derechos humanos”.
Su colega Emily Mendrala, del buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, subrayó la importancia de respetar los derechos humanos y el debido proceso legal.
También: Fernando del Rincón: “Si se va a enjuiciar tuiteros deben comenzar con Bukele”
“Claro patrón” de abusos
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, afirmó en la audiencia que de las más de 2,600 denuncias que ha conocido esta organización se puede concluir que hay un “claro patrón de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y masivas, violaciones al debido proceso, tratos crueles y tortura”.
Desde el 27 de marzo, por ejemplo, Amnistía Internacional da cuenta de al menos 73 fallecidos bajo custodia del Estado. El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA dio cuenta de al menos 306 casos de tortura y hay miles de denuncias de detenciones arbitrarias, muchas en virtud de la apariencia o lugar de residencia de las personas afectadas, quienes son erróneamente presentadas —en algunos casos— como miembros de pandillas.
En la audiencia, Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, dio cuenta de siete casos de detenciones a personas con problemas de salud mental, 12 detenciones a personas en sus domicilios o en la calle sin presentar orden de allanamiento o captura. También señaló que las autoridades no están informando en la mayoría de casos el por qué del arresto y no están comunicando a las familias el paradero de los detenidos.
Esto último, dijo Taraciuk, “constituye una desaparición forzada conforme al derecho internacional”.
Además, dijo que hay “violaciones generalizadas a derechos humanos” en esta política que, a finales de septiembre, habrá cumplido seis meses desde su instauración en El Salvador. Y lejos de rectificar, el oficialismo salvadoreño insiste en seguir prorrogando este régimen.
Noah Bullock hizo eco de estos señalamientos y afirmó que “Cristosal considera al régimen de excepción una medida inconstitucional, moralmente errónea y una repetición de políticas excesivamente punitivas y fallidas del pasado”.
Además, sostuvo que puede ser popular a corto plazo, pero que amenaza las instituciones democráticas y las libertades fundamentales.