El Estado salvadoreño a través del sistema judicial sigue obstaculizando el acceso a la justicia a las víctimas de los crímenes de guerra, han denunciado reiteradamente en los últimos días varias organizaciones que representan a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado (1980-1992).
En su mayoría, los casos que se encuentran judicializados, pero sin avances, fueron incluidos hace 32 años en el informe de la Comisión de la Verdad denominado “De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador”.
El documento detalla las violaciones a derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática por elementos de la Fuerza Armada y el grupo guerrillero FMLN, sin embargo, en ese momento el informe fue rechazado por el gobierno salvadoreño bajo la presidencia del presidente Alfredo Cristiani.
La semana pasada las organizaciones que forman parte de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Mecies) presentaron una actualización de cada uno de los casos y exigieron a los jueces y fiscales “que investiguen y sancionen estos crímenes”.
“Desde el fin del conflicto armado, las graves violaciones a derechos humanos han permanecido sin justicia. Jueces, fiscales y el gobierno han obstaculizado los procesos, permitiendo la protección de responsables de crímenes de guerra”, señalaron en un comunicado.
El jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, explicó como abogado querellante, las acciones de obstaculización y retardación de procesos judiciales en casos como: masacre de El Calabozo, escuadrón de la muerte en San Andrés, desaparición forzada de la familia Guzmán, la masacre de El Mozote y caseríos aledaños.
El Calabozo
Este proceso judicial inició en el 2006 en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, sin embargo, la acusación particular fue archivada debido a la Ley de Amnistía.
Diez años después la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 debido a que consideró que impedía investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período de la guerra civil, por lo que el caso de la Masacre de El Calabozo fue reabierto.
“Sin embargo, nos encontramos que no ha habido una política judicial de ese tribunal de impulsar el caso” debido a que no responde peticiones de los acusadores particulares, rechaza solicitudes esenciales o la toma de decisiones perjudiciales para las víctimas, señaló Morales.
El abogado explicó que también el juzgado se ha visto afectado por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que no le ha dado estabilidad, debido a que hace un año fue convertido en civil y mercantil. Por otra parte, expuso que en 2023 hubo cinco cambios de juzgadores y fueron nombrados juezas y jueces interinos.
“En la actualidad hay una jueza, pero sus actuaciones son cuestionables, nos está rechazando a la acusación particular la realización de diligencias que son esenciales en un caso de justicia transicional”, manifestó.
Entre esas diligencias el abogado menciona que la jueza rechazó la solicitud para que se pidiera a la Fuerza Armada los planes militares de la época. Asimismo señala la retardación de meses para resolver peticiones simples, como la emisión de fotocopias y tampoco ha emitido la resolución después de varios meses a una solicitud de realizar peritajes especializados, uno documental y uno militar.
“Hemos tenido que presentar diversos recursos de queja por retardación de justicia ante la Cámara de Segunda Instancia, que siempre le ha ordenado a la jueza resolver las peticiones que por meses deja congeladas”, dijo.
La Cámara ha consignado recientemente en una resolución el rechazo de una solicitud de un peritaje militar, pero la decisión aún no ha sido notificada a los acusadores particulares.
“Entonces observamos que hay muchas irregularidades que están redundando en que la investigación no avanza, también tenemos una enorme pasividad de la Fiscalía General de la República en profundizar en las investigaciones”, enfatizó.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad el 22 de agosto de 1982 un estimado de 200 personas fueron asesinadas por elementos del Batallón Atlacatl durante un operativo militar en un desfiladero conocido como El Calabozo en el río Amatitlanes, jurisdicción de San Esteban Catarina.
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Pese a la gran cantidad de personas que presuntamente fueron asesinadas solamente se encontraron los restos de una familia, los otros cadáveres fueron desintegrados con químicos y arrastrados por la corrientes debido a las fuertes lluvias en los siguientes días.
Sin embargo, la querella asegura que cuenta con suficiente prueba testimonial y publicaciones de la misma Fuerza Armada en los medios de comunicación donde los altos jefes del Ejército declararon que la operación Azenon Palma, como de se le denominó a la incursión militar, fue un “éxito con la baja de 200 terroristas”.
Morales expuso que en los casos de justicia transicional los crímenes son cometidos por aparatos de poder que controla el Estado, que tienen el poder de cometer en total impunidad crímenes de esta magnitud, pero también de destruir las pruebas.
“Son modalidades de violencia de terrorismo de Estado donde es muy dificil obtener prueba fisica, por eso deben aplicarse criteiros especiales que ya establece el derecho internacional en este tipo de crímenes de larga data”, manifestó.
Desaparición familia Guzmán Orellana
El abogado de Cristosal explicó que este es uno de los casos de desaparición forzada mejor documentados, pero la Fiscalía lleva más de ocho años en investigación, sin judicializar el delito.
El matrimonio integrado por una maestra y un profesor junto a su hijo fueron capturados durante una operación militar de la Policía Nacional de 1982, cuando fungía como director Reynaldo López Nuila.
Morales explicó que un grupo de agentes de la Policía Nacional, elementos de Fuerza Armada, todos debidamente uniformados y hombres de civil, que integraban un escuadrón secuestraron a los tres integrantes de la familia Guzmán Orellana sin que hasta ahora se desconozca su suerte ya que nunca fueron localizados.
Morales expuso que como Cristosal han acompañado ese caso de desaparición forzada cometido en mayo de 1982, luego que fuera presentada la denuncia en 2017, después que fue declarada sin efecto la ley de amnistía.
“Hemos presentado prueba testimonial y pericial que demuestran plenamente la desaparición, lo cual es poco común en casos de desaparición forzada, es un delito muy cruel porque busca destruir toda prueba, si no hay cuerpo no hay prueba y desaparecer a la persona es parte de los objetivos del crimen”, manifestó.
El abogado asegura que hay testigos de vista, quienes observaron cuando los efectivos de la Policía Nacional se llevaron a los tres miembros de la familia Guzmán, “sin embargo la Fiscalía se niega a investigar la cadena de mando a utilizar la doctrina jurídica del aparato poder, tal como la ha ordenado la Sala de lo Constitucional en la sentencia de 2016 y por lo tanto se niega a judicializar el caso”.
Morales dijo que ante las omisiones y el bloqueo a la justicia, por parte de la Fiscalía, como Cristosal están preparando el caso para presentarlo ante instancias internacionales de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escuadrón de la muerte San Andrés
El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel ha suspendido en cinco ocasiones el juicio contra cuatro supuestos integrantes de los “Escuadrones de la Muerte” acusados de secuestrar, torturar y asesinar a cinco personas civiles en el cantón San Andrés, municipio de San Miguel, en 1981.
Para Morales en este caso el sistema judicial sigue fallando, sigue sin dar acceso a las víctimas a la justicia de un delito que se configura como un crimen de guerra y de lesa humanidad.
El 15 de mayo de 2023 la vista pública fue suspendida por la ausencia de tres abogados defensores. El 15 de agosto de 2023 no se realizó debido a que en el mismo tribunal había otra audiencia en curso a la misma hora.
El 15 de enero de 2024 el juicio fue suspendido debido a la petición de uno de los defensores argumentando que uno testigos presentados por la defensa se encuentran fuera del país. Además, falló el apoyó técnico y no lograron la presencia virtual de uno de los procesados.
El 12 de febrero de 2024, Morales explicó que nuevamente falló el apoyó técnico de la dirección de desarrollo tecnológico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no tuvo la capacidad de garantizar la comparecencia virtual de uno de los imputados.
El 24 de julio de 2024 el abogado dijo que “la suspensión fue justificada con razones que no están relacionadas con garantizar pronta justicia”. La diligencia judicial ha sido programada hasta el próximo año en mayo.
En este caso, según la acusación fiscal, los militares José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez son los responsables materiales del crimen.
La acusación señala que el 7 de abril de 1981 un grupo de hombres vestidos con uniformes militares sacó a las cinco víctimas de sus casas en el caserío La Mascota, cantón San Andrés, y se las llevaron dentro de unos vehículos con rumbo desconocido.
Un día después los cadáveres de las víctimas fueron hallados enterrados a poca profundidad con señales de tortura y lesiones de bala en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.
Las víctimas fueron identificadas como: Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón.
Unas horas antes del secuestro, los socios y directivos de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Milagro, se habían reunido en la casa del presidente de esa cooperativa, Ángel María Chávez Benavides.
En la reunión cada uno entregó su aportación económica mensual para el pago de un crédito. El dinero recaudado ascendía a unos 20,000 colones, el cual fue resguardado en la vivienda de Chávez Benavides.
Esa tarde estuvo presente Luis Alonso Benavides, quien era ajeno a la cooperativa, pero observó todo lo que ocurría y quienes habían asistido.
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En la comunidad Benavides era conocido como miembro de Orden (grupo paramilitar) y lo tildaban de “oreja”, debido a que se encargaba de llevar información a los militares de la Sección Dos (de inteligencia) de la Tercera Brigada de Infantería, sobre los sospechosos de ser subversivos.
Según testigos, los sujetos que realizaron el secuestro de las víctimas portaban gorros navarone y pañoletas, pero otros andaban el rostro descubierto y escarapelas de la sección dos.
En el ataque los militares se llevaron un revólver, el dinero en efectivo que había sido recogido para pagar la deuda al banco y una máquina de escribir. Hasta el momento, la Fiscalía no ha acusado a ningún jefe militar como autor intelectual del hecho.
Masacre El Mozote
Representantes de Cristosal, Tutela Legal y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, han una serie de acciones, realizadas por la nueva jueza del caso judicial de masacre El Mozote, las cuales consideran solo buscan retrasar que el proceso avance a la etapa de juicio y sentencia.
Morales manifestó que desde la destitución inconstitucional del juez Jorge Guzmán en septiembre de 2021, la nueva juzgadora ha adoptado criterios y acciones que nos parecen que evidentemente están retrasando el avance del caso a su fase de vista pública y sentencia.
Entre las decisiones de la jueza que las organizaciones señalan como arbitrarias están: rechazo de recursos de impugnación presentados por los representantes de las víctimas, reducción del expediente de 600 a solo 133 piezas, exclusión en diligencias para restituir restos exhumados, denegación o retardación en la petición de copias de documentos y frases que descalifican la labor de la querella.
Alejandro Díaz, abogado representante de la Asociación Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, lamentó que la etapa investigativa se haya prolongado desde el 2021 en adelante y que se estén dando diligencias repetitivas como nuevas entrevistas a los familiares de las víctimas.
“Se están haciendo medidas inconsultas abusivas que implican hasta expropiaciones en la zona, lamentablemente esta ha sido la tónica de este Estado y ahora estamos denunciando también las actuaciones dilatorias de la jueza que vienen a crear incertidumbre en el proceso”, manifestó.
En julio de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló en la última resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia que el Estado salvadoreño no ha cumplido en su totalidad con las medidas de reparación a las víctimas.
La última revisión del cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 evalúa tres puntos específicos: la difusión de un documental audiovisual sobre las masacres; capacitación sobre derechos humanos a las Fuerzas Armadas y el pago de indemnizaciones a las víctimas.
En los primeros dos puntos, la corte indica que el Estado ha demostrado el cumplimiento tanto de la difusión del documental, como la inclusión de un programa permanente sobre derechos humanos para las Fuerzas Armadas, con enfoque de género y niñez .
Sin embargo, en cuanto al pago de las indemnizaciones, el tribunal señala que el Estado salvadoreño no ha cumplido en su totalidad, por lo que hizo un llamado para acelerar el proceso.
El plazo establecido por la Corte para el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la masacre de El Mozote venció hace más de seis años.
“Para nosotros como familiares es preocupante que el Estado salvadoreño esté retrasando el caso (...) de nada nos sirve que el gobierno vaya a hacer muchas obras al Mozote, pero no son reparaciones dignas como lo dice la sentencia de la Corte Interamericana”, expresó Eugenia Argueta, integrante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.
Magnicidio de Óscar Arnulfo Romero
El abogado de la Asociación Tutela Legal doctora María Julia Hernández, Alejandro Díaz, explicó que en este caso, fue dividido luego de su reapertura en 2017 por petición de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, pero a 45 años que fue perpetrado el crimen continúa en la impunidad debido “a los obstáculos en el proceso”.
Díaz explicó que el caso fue reabierto el 23 de marzo de ese año por el Juzgado Cuarto de Instrucción.
“El caso sigue estancado (...) en 2018 lamentablemente el caso es dividido por el juez de la causa, el caso histórico se sigue investigando en el Cuarto de Instrucción, pero se pidió a la Fiscalía ampliar esta investigación y presentar actualizaciones sobre los imputados en el caso", dijo.
Sin embargo, señaló que lo único que ha hecho el tribunal es solicitar el control migratorio del ex capitán Álvaro Rafael Saravia, implicado en el caso y prófugo de la justicia desde 2018.
“A partir de 2019 el Estado le nombró una defensora de la Procuraduría General de la República (PGR) a Álvaro Saravia y a partir de este año esa defensa ha solicitado la anulación del proceso debido a que el imputado se encuentra prófugo, pero también ha estado obstaculizando diligencias solicitadas la tribunal”, declaró Díaz.
El 3 de septiembre del año pasado, Saravia fue condenado en Estados Unidos, como reo ausente, tras encontrarlo culpable de dar la orden de asesinar a Romero a un francotirador.
El arzobispo de San Salvador fue asesinado de un disparo el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital la Divina Providencia, luego de haber condenado en una homilía la represión estatal y las violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
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