El 9 de febrero de 2020, con la militarización de la Asamblea Legislativa, recinto al que el presidente Nayib Bukele entró por la fuerza, marcó un quiebre y a la vez una advertencia sobre la dirección que tomaría su gobierno.
Así lo señalan expertos consultados por El Diario de Hoy para hacer un análisis sobre la concentración de poder que ha acumulado el mandatario en menos de un quinquenio, con la ayuda de una Asamblea que en tres años de funciones no ha hecho contrapeso al Ejecutivo y que a golpe de decretos ha puesto en manos del presidente el control de instituciones que dependen de otros órganos de Estado.
Los especialistas señalan cómo en cinco años de “Bukelización” El Salvador ha pasado de un sistema democrático “en construcción” al autoritarismo y cooptación del Estado. Un sistema donde no existe la independencia de poderes y la violación a derechos humanos se ha convertido en el más grave atentado contra la ciudadanía.
Para Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), actualmente El Salvador no tiene ninguna institución que sea independiente o imparcial, por el contrario, señala que todas responden a las órdenes que provienen del Ejecutivo.
“Eso es lamentable porque el hecho que no exista separación de poderes o independencia e imparcialidad implica que no hay garantías (para la población)”, expone.
Santos opina que en materia sociopolítica la concentración del poder es el “gran problema” que tiene el país actualmente y que tomó fuerza el 1 de mayo de 2021 cuando se instaló la Asamblea que hoy termina su período, con mayoría del partido Nuevas Ideas, cuya primera acción fue la destitución “inconstitucional e ilegal” de magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como del Fiscal General de la República para imponer a uno afin.
“La advertencia de la dirección que podía tomar este Gobierno, para mí y para muchos otros, se dio el 2020, el 9 de febrero, cuando se tomó por asalto la Asamblea con presencia del Ejército. Aquí dos cosas: por un lado, una falta de respeto a la institucionalidad flagrante y, por otro, regresar al ejército a la vida política del país en contradicción de lo que disponían los Acuerdos de Paz”, destaca el historiador salvadoreño Héctor Lindo.
Los expertos señalan que desde aquel momento se fue avanzando más en la concentración de poder en una sola persona de la mano de una Asamblea oficialista, la cual ha permitido elegir a todos los funcionarios de segundo grado que tengan el aval de la Presidencia.
“ Ahí es cuando anulamos cualquier tipo de independencia e imparcialidad”, agrega Santos.
Para Zaira Navas, jefa de Estado de derechos de Cristosal, el mensaje que Bukele transmitió al país al entrar por la fuerza al Órgano Legislativo en 2020 implicó: “Voy a controlar este órgano”. “Ahí empezamos a ver signos muy claros de autoritarismo”, remarca.
Los entrevistados opinan que es a partir de estos hechos que se derivan los demás que condujeron al control del Órgano Judicial.
Nuevas Ideas reforma la Constitución, pese a prohibición de plazos
Sin independencia judicial
Cuatro meses después del desmantelamiento de la Sala, se da lo que expertos han llamado el “segundo golpe a la independencia judicial”, cuando los diputados de la bancada de Nuevas Ideas aprobaron de forma sorpresiva y sin estudiar en comisión el decreto 144 que permitió el retiro de jueces de más de 60 años o con 30 años de servicio activo.
“El control de la Sala de lo Constitucional, esencialmente, lo que significa es que ya no hay ningún tribunal que pueda verificar si la decisión, si la ley, si la política de este Gobierno es o no contraria a la Constitución. Eso en términos prácticos significa que el Ejecutivo se vuelve entonces el creador de la norma máxima”, explica el abogado José Marinero.
Los especialistas coinciden en que la falta de autonomía de los poderes estatales se traduce en desventaja únicamente para la ciudadanía salvadoreña. Ejemplos de ello son la falta de garantía de derechos y la pérdida de libertades bajo el régimen de excepción, además de las implicaciones por la reducción de 262 a 44 municipios o la concentración de fondos para proyectos municipales en la Dirección de Obras Municipales (DOM).
La abogada Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, sostiene que debido a la concentración del poder se ha perdido toda clase de libertades individuales en el país.
“¿Qué acceso a la justicia tiene una persona despedida de una entidad de Gobierno? Esa persona, lo más probable es que acuda ante el sistema de justicia ordinario y no vea respuestas. ¿Qué acceso a la justicia pueden tener los estudiantes, por ejemplo, que fueron sacados del sistema de educación a partir de una protesta que hicieron? Estaban en el ejercicio de su derecho de libertad de expresión (...) Es decir, no es que vayamos a perder, es que la sociedad ya perdió”, señala.
En ese sentido, la directora del Idhuca agrega que no se está protegiendo a los sectores más pobres.
“¿Qué grupos en condiciones de vulnerabilidad se están protegiendo actualmente, a través de normas o políticas públicas, desde sector mujeres, comunidad LGTBI?. No vemos ningún tipo de protección o apuesta a sectores empobrecidos”, apunta la experta en derechos humanos
Navas añade que “se ha perdido el derecho de defensa, las garantías judiciales, se ha perdido el enfoque de género, y esto no es que se haya perdido, deliberadamente se ha quitado”, opina.
Para Lindo, el sistema judicial se está usando de forma instrumentalizada y pone como ejemplo el caso de Rubén Zamora, acusado de “encubrimiento” de la masacre de El Mozote. “Si hubiera una Corte Suprema de Justicia (CSJ) verdaderamente independiente todas las irregularidades del caso de Rubén Zamora hubieran encontrado su límite rápidamente”, ejemplifica el académico.
El politólogo Napoleón Campos opina que “El Salvador está volviendo a estar en vitrina de las violaciones a Derechos Humanos”.
Y considera que “en los últimos cinco años hemos pasado de ser un país que estaba en una construcción democrática, imperfecta, con instituciones públicas que debían seguirse modernizando, a un país que algunos ya afirman categóricamente que dejó de ser ese país que construía una democracia”.
De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional han señalado el régimen de excepción como una medida de pérdidas de garantías constitucionales que trajo consigo una crisis de derechos humanos en El Salvador.
A dos años de la implementación del régimen, organizaciones sociales en el país han registrado un total de 6,305 denuncias de violaciones a derechos humanos; de estas 5,931 han sido detenciones arbitrarias o ilegales; 5,470 violaciones al debido proceso; 1,779 allanamientos de morada; 814 tratos crueles, inhumanos o degradantes y 304 hostigamientos.
Pero no solo en materia de justicia y derechos humanos hay un impacto por la concentración de poder en el Ejecutivo, sino que también afecta la economía.
“Mientras estaban ocupados en concentrar el poder, en desmantelar la justicia, la descentralización municipal, en quitar todos los contrapesos que podía haber en las instituciones de control, ¿qué políticas sociales y económicas tuvo tiempo de hacer este Gobierno? Lo que en estos cinco años se ha producido en materia de política social o económica es pura improvisación y eso se refleja precisamente en las tasas de crecimiento de la economía”, señala Marinero.
Enfatiza que “somos la economía de la región que menos creció el año pasado, la que menos creció en 2022, la que menos creció en 2021 y seguramente será la que menos crecerá en 2024. Somos la economía que menos inversión extranjera atrae en la región”.
Nuevas Ideas aprueba que una misma legislatura ratifique reformas constitucionales
Poder ciudadano como contrapeso
Ante este panorama, los expertos destacan que la primera vía para resistir y hacer contrapeso a tanta concentración de poder en un sólo órgano del Estado es a través de la organización de la población mediante una directiva de vecinos, una Adesco, colectivos de emprendedoras, de campesinas, entre otras entidades de la sociedad, de tal manera que sus necesidades lleguen con más eco a las diferentes autoridades.
“Ningún derecho ha sido obtenido de manera individual. La lucha por los derechos ha sido colectiva desde siempre”, subraya López.
Al no existir un sistema de frenos y contrapesos que funcione “sólo queda la organización ciudadana en ese control vertical que le corresponde activar a esa institucionalidad pública que no funciona, pero también en su rol de denuncia”, concluye la abogada.