Conan Tonatiu Castro, actual secretario jurídico de la Presidencia de Nayib Bukele, quien ha sido sancionado por Estados Unidos con la Ley Magnitsky e incluido en la Lista Engel, también fue parte desde sus orígenes en la directiva de la empresa que construye tres mercados en la capital.
Castro, quien fungió como gerente legal de la alcaldía de San Salvador durante la gestión municipal de Nayib Bukele (entre 2015 y 2018), participó activamente en la formación y contratación de la sociedad Nuevo Sistema de Mercados (Simerca), la cual ha estado a cargo del proyecto que incluye la construcción del Mercado Hula-Hula, el Mercado Escalón y Mercado ExBiblioteca.
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Desde su cargo en la comuna el abogado fue el responsable del andamiaje jurídico del contrato que finalmente Bukele firmó en 2017 para la construcción de los tres nuevos mercados, cuyo proceso ha sido cuestionado por abogados constitucionalistas como Fabio Castillo, quien era concejal en aquel momento y afirmó a El Diario de Hoy que la aprobación del contrato no cumplió con todos los requisitos de ley y por tanto era “nula”.
El contrato original por $91.4 millones fue con Direct Security Systems (DSS), una empresa de capital guatemalteco que luego fue comprada por Makensa, con la que la alcaldía formó una Sociedad de Economía Mixta (SEM) a la cual llamaron: Nuevo Sistema de Mercados, para que ejecutara el proyecto.
Castro estuvo en la directiva de Simerca como representante de la alcaldía, según admitió el funcionario en julio de 2019, cuando asistió como invitado a la colocación de la primera piedra del Mercado Hula-Hula en la gestión del ex alcalde Ernesto Muyshondt.
De hecho, en el documento de constitución de la sociedad Simerca Castro aparece como segundo vocal de la junta directiva.
Y el contrato para los tres mercados que estuvo bajo su dirección ha sido cuestionado porque incumplió la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, pues el proyecto arrancó utilizando dicha normativa, pero Bukele culminó firmando un contrato con una empresa guatemalteca fuera de los alcances de la LACAP, lo cual es violatorio de los artículos 42, 43 y 44 de esa normativa, explicaron abogados expertos en administración pública.
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A eso se suma que si hubiera algún tipo de incumplimiento con el contrato, la alcaldía se deberá someter a lo que dicte un tribunal de México, no de El Salvador, según una cláusula en el contrato que firmó Bukele cuando Castro era el gerente legal de la comuna.
En la mira de EE.UU.
Castro ha estado en la mira de las autoridades estadounidenses por señalamientos de corrupción y además por socavar la democracia.
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El Departamento de Estado lo sancionó en julio de 2021 y lo incluyó en la Lista Engel por haber estado involucrado en el golpe que el oficialismo dio al Estado de derecho el 1 de mayo del año pasado, cuando la nueva Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal general de la República sin seguir la ley.
Estas sanciones implican que las personas incluidas en la lista son consideradas como actores corruptos o antidemocráticos y pierden automáticamente su visa para ingresar a EE.UU. por un mínimo de tres años, pero además quedan sujetos a que el gobierno estadounidense también aplique sanciones a sus patrimonios.
Luego, el pasado 9 de diciembre de 2022, Castro fue sancionado por segunda ocasión, pero esta vez por el Departamento del Tesoro de EE.UU. que le aplicó la Ley Magnitsky, una normativa con implicaciones más amplias.
Dicha ley persigue a extranjeros acusados de corrupción y de violación a derechos humanos, pero uno de los puntos clave es que a los sancionados no solo les bloquean propiedades y cuentas en Estados Unidos, sino que además prohíben a los estadounidenses hacer transacciones o negocios con personas sancionadas con la Ley Magnitsky.
“Estas prohibiciones incluyen hacer contribuciones o cualquier tipo de provisión de fondos o bienes, o servicios de cualquiera de estas personas”, dice en el portal del Departamento del Tesoro.
El funcionario fue incluido en una lista de 40 personas de 9 países, en la que figuraba también el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, por actos de corrupción.
Según el informe del Departamento del Tesoro, Conan Castro “durante su mandato como Secretario Legal Presidencial, obstruyó las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su cargo para obtener ganancias financieras personales”.