Pertenecer al sindicato o tener una posición opuesta al discurso oficial de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), le pasó factura a al menos 13 empleados de esa institución que han sido despedidos con la única explicación de que sus plazas han sido suprimidas.
“Siempre a nivel de jefaturas o mandos medios dejé clara mi postura: No estaba de acuerdo con la reducción de los servicios y beneficios a las MYPE (micros y pequeñas empresas) y que en redes (sociales) a nivel institucional se dice una cosa pero en la realidad hay afectación”, afirmó una de las 14 personas despedidas recientemente, a quien El Diario de Hoy llamó para corroborar su despido.
De acuerdo con personas afectadas por los despidos, las oficinas diezmadas son las de Zacatecoluca, de donde despidieron a seis, en tanto que en La Libertad son, hasta el momento, cinco las plazas suprimidas, y en La Unión despidieron a dos.
Otra fuente, sin embargo, afirmó que son 15 los despedidos, de una planilla de 159 empleados que tiene Conamype.
Las oficinas de Conamype en La Unión, Zacatecoluca y La Libertad serían cerradas, según afirmaron los afectados. Por su parte, Conamype no ha sentado posición oficial sobre la supresión de las 13 plazas.
De acuerdo con documentos compartidos por afectados, en los mismos solo les notifican que “la plaza que usted ocupa como TÉCNICO II, será suprimida a partir del 1 de enero de 2025, y se ha autorizado la correspondiente indemnización a su favor de conformidad al artículo 30 de la Ley de Servicio Civil".
Los despidos notificados entre la semana anterior y la presente, de acuerdo con fuentes, es el desenlace de meses de acoso y amenazas.
Sindicatos llaman a activar mecanismos internacionales ante despidos en el sector público
Por ejemplo, afirmaron las fuentes, en el caso de la oficina de Conamype en La Unión, los problemas venían desde el 2022, cuando intentaron cerrarla en represalias a las constantes denuncias sobre la reducción y mal servicio a los clientes.
A regañadientes, no la cerraron pero sí trasladaron la oficina a un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas para atender a los micros y pequeños empresarios, a pesar de que en las campañas publicitarias se presume de darles la importancia que merecen.
Entre los despedidos está Erick Alexander Zelaya Ramos, secretario de organización y quien hace dos períodos también fue secretario general, cargo que actualmente ocupaba José Ángel Flores Granados, quien también está entre los que a partir del 1 de enero del próximo año, quedará sin empleo.
De acuerdo con un comunicado publicado recientemente, por la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, Zelaya Ramos es “Secretario General de (la) nuestra Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, que aglutina ocho Sindicatos, quien además es secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de CONAMYPE-SITCO y Secretario de Educación y Cultura de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños-CNTS, que aglutina 40 Sindicatos Principalmente del Sector Público e Integrante de la Coordinación del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora MDCT”.
Donny, Marielos y Teresa también están entre la lista de despedidos a partir del 1 de enero próximo. De acuerdo con diversas fuentes, todos ellos ocuparon cargos en la directiva del sindicato recientemente y fueron muy críticos de la administración actual de Conamype .
De acuerdo con afectados, que prefirieron que su identidad se mantuviera en el anonimato, la supresión de las plazas es, sin duda, afirman, su pertenencia al sindicato y ser críticos de la administración de la institución, que mantiene una publicidad en la que ofrecen de todo a los micro y pequeños empresarios, pero que en la realidad no es así.
Como respuesta a los despidos, la Unión Nacional para la Defensa de los Trabajadores emitió un comunicado en el que alertan “a la comunidad internacional, Organización de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Organización de Estados Americanos, embajadas y consulados de El Salvador en los países democráticos a nuevamente poner sus ojos en lo que ocurre en El Salvador y poner sus buenos oficios activando los mecanismos internacionales respectivos”.
Las 13 personas que quedarán desempleadas a partir del 1 de enero del 2025 se suman a decenas y decenas de empleados públicos que han corrido con igual infortunio, como los de la Procuraduría General de la República (PGR) y, más recientemente, de la Corte Suprema de Justicia.
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