Seis organizaciones sociales han creado un protocolo de protección a personas defensoras de Derechos Humanos y activistas trans de El Salvador, Honduras y Guatemala, ante la falta de un marco legal que proteja y defienda la labor que realizan.
El documento propone una guía básica de qué hacer en casos de agresiones o violencia; también aborda cómo llevar a cabo un ciberactivismo más seguro, esto debido a que en los tres países hay registro de casos de agresiones a personas trans que ejercen el activismo y la defensa de los Derechos Humanos.
“En un Estado, que en estos tres años, ha mandado mensajes de odio contra quienes defienden y ponen la voz para los Derechos Humanos, nos acusan de criminales, nos acusan de defender pandilleros”, expuso Amalia Leiva, activista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.
TE PUEDE INTERESAR: Activista LGBTIQ+: Estamos más desprotegidos que nunca
Leiva explicó la necesidad de crear este documento debido a que en el norte de Centroamérica no existe información oficial de cómo la identidad de género puede llevar a sufrir múltiples violencias en contra de los defensores y activistas trans.
Además, recordó que, en el caso de El Salvador, no hay un marco jurídico que proteja a las personas trans ante la falta de una Ley de identidad de género.
Esto lleva a otras afectaciones directas e indirectas en el desarrollo de la vida social de esta población, incluyendo trabajo, salud, vivienda, educación y justicia.
“Cuando se asesina a una persona trans se invisibiliza por completo de los datos”, explicó Leiva.
Otra de las justificantes para la creación de este protocolo, según Leiva, es la violencia y la deshumanización que sufren las personas trans, lo que las lleva a tener bajas expectativas de vida, en promedio de 33 años, para los países del norte de Centroamérica.
“Como defensoras de derechos humanos rechazamos y repudiamos la impunidad en la que siguen los casos de crímenes de odio de nuestra población trans”, explicó Aranza Santos, del colectivo Alejandría.
Santos resaltó que la impunidad y la indiferencia y la no aplicación de justicia es violencia de Estado. Las activistas recordaron el caso de Francel Méndez, una mujer trans asesinada en 2015.
Según los colectivos trans, Méndez laboraba como educadora de salud en prevención del VIH y las autoridades de Seguridad informaron que su asesinato estaba relacionado a las drogas.