Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de la población LGBTI+, en el marco del mes del orgullo, lamentan que no existe aún en El Salvador un avance hacia la inclusión y el respeto a la diversidad. Además, destacan que medidas como el régimen de excepción, son acciones que agravan la condición de vulnerabilidad de quienes hacen parte de la comunidad LGBTI+.
Gonzalo de AMATE El Salvador, recalcó que en el país se necesitan políticas públicas que sean integrales. No solo ejercer un reconocimiento a nivel cultural sino con acciones concretas que cambien las condiciones de vida de la población. “En lugar de garantizar y profundizar políticas públicas en favor de la clase trabajadora y en específico de la comunidad LGBTI+, cada vez son más las cantidades de personas que están siendo despedidas de sus trabajos”, destacó.
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En la conferencia de prensa, los defensores denunciaron la falta de interés del Estado en garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Hasta ahora no existe la aprobación de una ley de identidad, que abre paso para mejorar las condiciones de vida de las personas, erradicar la violencia y discriminación que hacen parte de la población LGBTI+.
En su pronunciamiento, los defensores exponen que durante los cuatro años de gobierno del presidente Nayib Bukele, han presenciado el desmantelamiento de instituciones y programas que apoyaban a la población LGBTI+, por lo que denuncian que los últimos años significan un retroceso en los avances logrados en los años anteriores. Además, de no garantizarles los derechos vitales como la educación, la salud integral, el empleo y el acceso a la justicia.
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“No hemos escuchado sobre avances (en la ley de identidad), estamos en un gobierno que se ha hecho el de oído sordos, su primera acción fue engavetar la propuesta de la ley de identidad”, destacó Gonzalo. Haciendo referencia a la alta urgencia de garantizar a las personas vivir en tranquilidad sin que constantemente se les violenten sus derechos.
Por ello, las organizaciones exigen detener el cierre de programas de protección en materia de derechos humanos que se realizan en el país. Denunciaron que es necesario frenar las medidas autoritarias y el desmantelamiento de instituciones públicas para que se pueda profundizar en las medidas autoritarias.