La Comisión Nacional para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión (CDDHH) del gobierno de Nayib Bukele reaccionó con una crítica al reciente informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que pide ya no prolongar el régimen de excepción, el cual suspende garantías constitucionales a la población y en el que se han presentado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, como capturas arbitrarias.
En una publicación en la red social X, la CDDHH que es dirigida por el colombiano Andrés Guzmán Caballero, señala que el informe subraya su preocupación por los derechos humanos. “Reafirmamos nuestro compromiso ha sido proteger la vida y seguridad de los salvadoreños”, sostiene la oficina.
En el comunicado difundido, el comisionado presidencial critica de “falta de transparencia” no en el contenido del informe ni de las denuncias de vulneraciones a derechos que consigna, sino que alude a las supuestas fuentes de financiamiento de la CIDH y de organizaciones de derechos humanos salvadoreñas.
“Además de los problemas metodológicos, el informe y las circunstancias de su elaboración ponen en evidencia una preocupante falta de transparencia e imparcialidad. Como se ha revelado, tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades, como son la Open Society Foundation y la Ford Foundation. Esta relación financiera, que no ha sido adecuadamente explicada ni justificada en el informe, plantea un claro conflicto de interés que socava la credibilidad de la Comisión”, dice el comunicado.
El informe señala que el episodio crítico de violencia ocurrido en marzo de 2022 que originó la adopción del estado de excepción “no refleja la situación de la seguridad ciudadana actual en El Salvador, que una vez más registra un descenso significativo en los índices de violencia. Por tanto, no se observa la situación de emergencia establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para mantener derechos suspendidos, medida que supera los 19 meses de vigencia”.
El régimen de excepción fue prorrogado una vez más por la Asamblea Legislativa el pasado martes a petición del Consejo de Ministros, el cual señala la captura de más de 81,900 personas en la vigencia del régimen.
La Comisión de gobierno incluso dice que la CIDH “no ha proporcionado una explicación satisfactoria” sobre la selección de sus fuentes, testigos, procesos de entrevista y selección y llama a que “revise sus procedimientos para recuperar la confianza”.
Sobre el informe, la comisión gubernamental señala que destaca que el régimen de excepción ha sido una medida “esencial para la protección de la vida” de los salvadoreños y que ha sido usado para enfrentar “de manera efectiva” la violencia generada por las pandillas.
No menciona sobre las denuncias conocidas por la CIDH de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, según indica el informe.
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El documento indica que durante el primer año de vigencia del régimen de excepción, fueron perpetrados 4,825 hechos de detenciones arbitrarias, 402 casos de torturas y 193 desapariciones forzadas, entre otros detalles.
Antes las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en el sistema de justicia y espacios de privación de la libertad, “la CIDH considera necesario identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones, las posibles responsabilidades institucionales e individuales, así como como la identificación de las víctimas y los daños sufridos a fin de brindarles una reparación integral y adoptar las garantías para su no repetición”, dice una de las conclusiones del informe.
También hace una serie de recomendaciones como poner fin a suspensión de derechos y garantías constitucionales y elaborar e implementar una política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias, con enfoque en derechos humanos, estableciendo instancias de participación de la sociedad civil en su definición e implementación.
“En cuanto a las recomendaciones que se hacen en dicho informe; como estado, procederemos a revisarlas y analizarlas de manera exhaustiva para evaluar cada observación en su contexto”, afirma la oficina del gobierno salvadoreño.
Comisionado busca desacreditar denuncias
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SPASS), advierte que la respuesta gubernamental al informe trata de desacreditar las denuncias de violaciones a derechos humanos, tanto las registradas por la CIDH como las que han estado haciendo las organizaciones sociales en el país.
Señala que el comisionado presidencial de derechos humanos reconoce algunos elementos del informe, principalmente los elementos que la CIDH valora como positivos como la reducción de homicidios y criminalidad de las pandillas; pero desvirtúa las denuncias y la información de los informes de sociedad civil.
“La postura ha sido un poco en ese sentido, o sea, desvirtuar y descalificar la validez metodológica y la transparencia de la Comisión Interamericana, que es una postura bastante típica de gobiernos conservadores que intentan no reconocer los fallos en términos de derechos humanos o los retrocesos”, dijo Reyna.
Agrega que el argumento de la CDDHH se basa en los votos razonados que emitieron dos comisionados de la CIDH en el informe.