El Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, admitió la documentación de 175 personas detenidas de manera arbitraria durante el régimen de excepción, la cual fue presentada ante este despacho por organizaciones el pasado 18 de diciembre.
"Les informamos que el escrito presentado ha sido admitido y en este momento la solicitud se encuentra en trámite", expresó en una correspondencia emitida con fecha 3 de enero.
La oficina de la Comisión presidencial señala en el escrito que "tan pronto como se registren avances significativos se les notificará por esta misma vía, dándole el trámite institucional que es del caso, de acuerdo a las competencias institucionales".
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El 18 de diciembre, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y a la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) entregaron en el despacho del Comisionado los 175 expedientes con igual número de personas que señalan fueron capturadas de manera arbitraria en el marco de esta medida implementada por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022.
Representantes de Unidehc mencionaron que entre los documentos hay información personal de los detenidos, así como cartas de antecedentes penales y certificados de estado de salud. Algunas de las carpetas también incluyen cartas de liberación emitidas por jueces las cuales a esa fecha no habían sido acatadas por la Dirección de Centros Penales.
Esta es la segunda entrega de documentación que las organizaciones realizan a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la primera se entregó con 83 expedientes en julio de 2024, los cuales manifiestan "comprueban su inocencia".
"La documentación fue entregada, junto a Unidehc El Salvador, el 18 de diciembre de 2024 en Presidencia de la República de El Salvador y en su despacho. Esperamos sus buenos oficios en pedir a las autoridades correspondientes agilizar sus procesos judiciales para su pronta libertad", expuso MOVIR el sábado 4 de enero a través de su cuenta en X.
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De acuerdo a datos oficiales, 73,800 detenciones se han registrado durante el régimen de excepción, una medida ampliamente criticada por defensores de derechos humanos al considerar que contempla la suspensión de garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos.
Diferentes organizaciones han denunciado que más de 300 detenidos han muerto hasta el 15 de diciembre bajo la custodia del Estado, y luego de ser arrestados bajo el delito de agrupaciones ilícitas, sin tener vínculos con pandillas.
Socorro Jurídico Humanitario (SJH) estima que esta cifra es de 329 fallecidos, en tanto familiares han presentado miles de denuncias a violaciones de derechos humanos.