La comisión ad hoc, conformada por 11 diputados de la Asamblea Legislativa, realizó este lunes la primera sesión para evaluar el anteproyecto que el Ejecutivo presentó la semana pasada y que busca reformar la actual Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
A la primera sesión, presidida por la diputada Suecy Callejas, asistió el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el superintendente del Sistema Financiero, Mario Menéndez, quienes expusieron las generalidades de la reforma que propone el gobierno.
En ese sentido, Castro hizo énfasis en detalles que el gobierno ha venido reiterando desde que el presidente Nayib Bukele envió el proyecto a los diputados, como lo es el tema del aumento que, supuestamente, se hará en la pensión mínima, la cual según los funcionarios pasará de $304 a $400 una vez entre en vigencia la nueva ley.
En este sentido, el titular de Trabajo también aseguró que el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) ya no será utilizado como fuente de financiamiento para el gobierno actual “ni los futuros”. Dicho fideicomiso fue creado durante la administración de Elías Antonio Saca para poder pagar las pensiones de los jubilados del anterior sistema. El mecanismo que plantea la reforma, sin embargo, no dista mucho del empleado por el FOP.
VER: Ley propuesta prevé que pensión mínima vaya de 400 a 500 dólares
El funcionario también reiteró la creación de la planilla única, la cual fusionará los aportes patronales a las AFP y al ISSS en una sola, pues según Castro, hay alrededor de 103,000 trabajadores cuyos empleadores solo pagan la planilla correspondiente al Seguro Social.
Esa planilla única forma parte de las propuestas de reformas, así como el aumento de un 1% al aporte de 7.75% de los empleadores.
Durante la sesión, Mario Menéndez también añadió que “la institución está facultada para imponer sanciones por el incumplimiento de la normativa. Asimismo, centraliza la gestión y el mantenimiento de la base única de afiliación de los empleadores”.
Asimismo, el superintendente adjunto afirmó que, actualmente, hay más de 833,000 cotizantes, mientras que los pensionados son más de 198,000, los cuales se traducen en gastos de pensiones de unos $48 millones (en el sistema público) y $36 millones (en el privado).
A este punto, los funcionarios volvieron a recalcar que la edad de jubilación se mantiene, un punto señalado por economistas como un factor clave para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Con respecto a esa sostenibilidad, varios sectores en el país, como el sindical, han expresado que la propuesta no es coherente debido a que el gobierno no ha explicado la forma en que pagará la deuda que tiene con los actuales cotizantes, algo que podría poner en riesgo el pago de las pensiones en el futuro.
En este sentido, economistas también advierten que con las medidas actuales los jóvenes que se jubilarán en el futuro podrían no gozar de los beneficios.