La Comisión Política de la Asamblea Legislativa sesionó este lunes sin retomar el tema de la elección de las magistraturas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que en la sesión plenaria del 31 de julio enviara de vuelta a dicha comisión el dictamen con el que confería al pleno el designar los perfiles del cuerpo electoral.
En la sesión, dirigida por el presidente de la Asamblea Ernesto Castro, hubo mención que la agenda constaba del inicio de las entrevistas a candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que habría discusión de "puntos varios"; sin embargo, cerró la jornada sin abordar ningún punto adicional.
La diputada coordinadora de ARENA, Marcela Villatoro, lamentó que mientras Nuevas Ideas mantiene acéfalo al TSE haya decisiones administrativas en peligro o situaciones laborales de empleados.
Villatoro considera que existe una falta de acuerdo por parte de la fracción mayoritaria de Nuevas Ideas. "Hay tres situaciones, que cambien la forma de elección, falta de acuerdos por algún miembro, que al final solo quieran votar parcial para eliminar a los representantes de los partidos políticos", expresó.
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Comienzan entrevistas
La Comisión Política comenzó con las entrevistas de las personas que aspiran a una magistratura propietaria en la CSJ. Dos perfiles cercanos a Casa Presidencial compiten por un cargo.
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Participa a una magistratura el abogado y notario René Alirio Ayala, quien asegura que se requiere un estudio sobre el funcionamiento del Órgano Judicial para proceder a una reestructuración interna.
Lo anterior, en tanto a que pretende que las y los magistrados prioricen sus funciones jurisdiccionales sobre las administrativas, ya que considera que este es un detonante de la creación de mora en el Órgano.
Ayala asegura que sus funciones en la Secretaría de Prensa de la Presidencia son técnicas jurídicas. El abogado también fue integrante de las mesas de discusión para la reforma constitucional lideradas en 2020 por Félix Ulloa.
El segundo candidato entrevistado fue Miguel Ángel Barrientos Rosales, quien propone la implementación de tecnologías para la administración de la justicia. Además, el candidato asegura que propondría digitalizar los expedientes que le cuestan el pago de alquiler de diferentes recintos al Órgano Judicial.
Barrientos aseguró que no se opondría a mantener la transparencia en el órgano y, por tanto, evitar el uso de la reserva de información.
Óscar Antonio Canales Cisco, actual magistrado suplente del Órgano Judicial en la Sala de lo Constitucional, compite por seguir siendo funcionario.
Para Canales Cisco "siempre hay algo que mejorar", por lo que promovería que la Corte Plena ejerza asuntos meramente jurisdiccionales, también aseguró que velaría por una distribución interna debido a que el área de lo Penal "requiere mayor atención".
El abogado celebró las reformas en el Órgano Judicial de 2021 que obligó el retiro de jueces mayores de 60 años.
El siguiente entrevistado fue Raymundo Alirio Carballo Mejía, quien se desempeñó como juez de paz y ahora es magistrado de la Cámara de lo Penal en Santa Ana.
Carballo asegura que la mora judicial debería tratarse con un expediente digital, el cual no tiene el Órgano Judicial; asimismo, promovería el uso de la firma electrónica.
El aspirante a magistrado ve necesaria la capacitación del personal en protección de datos o ciberseguridad, también evaluar el presupuesto para el alquiler de casi la mitad de los inmuebles.
José Mauricio Cardoza Hernández fue el siguiente entrevistado, quien es abogado, notario y psicólogo con experiencia laboral en el Centro Nacional de Registros.
Cardoza asegura que como magistrado propietario propondría implementar un "Plan estratégico de la calidad y eficiencia" de su autoría y reforzado en normas de la Organización Internacional de Normalización.
A diferencia de otros candidatos, Cardoza ve necesaria reformar la función administrativa, en lugar de separarla. Por otra parte, en su tanda de preguntas aseguró estar a favor de la implementación del régimen de excepción, en tanto a que ha subido la carga laboral de diferentes instancias judiciales y les da más tiempo de resolverlas.
Finalmente, Lidia Patricia Castillo Amaya, quien se desempeñó como Segundo Vocal en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y actualmente es subsecretaria de Integridad y Cumplimiento en la Presidencia de la República. Castillo apostaría por la Sala de lo Constitucional o en la Sala de lo Contencioso Administrativo de ser electa.