La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició la tarde de este lunes con las entrevistas a las personas que aspiran a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el periodo 2025-2028.
El diputado Christian Guevara defendió la forma en que la Comisión y la Asamblea, dominada por Nuevas Ideas, realizan los procesos de elecciones de segundo grado con entrevistas transmitidas en vivo para conocer la trayectoria de los aspirantes y que a la Comisión pueden asistir diputados de otros partidos, aunque el único partido que no tiene representación según el acuerdo de conformación es Vamos.
Tanto Guevara como el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, criticaron que organizaciones sociales reprocharan la falta de un baremo o cuestionario estandarizado para hacer la evaluación de las candidaturas. "Nosotros vamos a continuar haciendo las cosas de una manera diferente", dijo Castro.
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El primero en ser entrevistado fue el abogado Dionisio Ernesto Alonso Sosa, quien se desempeña como docente universitario en materias de Derecho de Familia y Procesal de Familia, ha sido juez suplente, director de la Oficina para Adopciones (OPA) y coordinador del sistema nacional de Niñez y Adolescencia en la PGR, actualmente está en el libre ejercicio de la profesión.
La diputada Suecy Callejas consultó su opinión sobre la aplicabilidad de las leyes de adopciones y Crecer Juntos.
"El enfoque adulto céntrico permanece en la cultura jurídica y en una cultura social. Y es que pensamos que el proceso de adopción es para el adulto y el proceso no es para los adultos, es para los niños y niñas que requieren ser restituidos de su familia", dijo Alonso Sosa y agregó que se deben definir mejor los plazos.
La segunda aspirante es Cándida Dolores Parada de Acevedo, quien tiene 35 años de trabajar en la PGR y desde 2017 ocupa el cargo de Procuradora general adjunta. Entre sus propuesta está el fortalecimiento de los servicios presenciales y crear una unidad de solución alterna de conflictos.
"Si una persona solventa un conflicto de cualquier naturaleza vía mediación, por caro que sea para al Estado puede costarle unos $500. Si ese mismo caso va a solución vía judicial, le puede costar $4,000", comentó.
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El tercer aspirante es Juan José Loza Lizama, profesor y abogado, fue asesor jurídico en la Policía Nacional Civil de 1996 a 2022 y fue parte de la mesa permanente de los derechos de las personas con discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Destacó su trayectoria jurídica en la Policía y en el tema de los derechos de personas con discapacidad.
Luego se entrevistó al abogado y notario Nelson Alexander Yanes Iraheta, quien enfatizó que la PGR debe realizar un trabajo articulado, constante y permanente con el Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y con el despacho de la primera dama.
También en la eficiencia institucional, dados los recursos limitados de la PGR. "Los defensores públicos deben de ser multifuncionales", dijo.
La Comisión Política retomará las entrevistas al resto de candidatos y candidatas a la PGR el próximo lunes 7 de abril de 2025.
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