La Comisión Política de la Asamblea Legislativa avaló este martes la iniciativa para que se ratifique el acuerdo que deroga el artículo 210 de la Constitución de la República, el cual contempla el derecho a la deuda política, es decir, el financiamiento con fondos públicos a los partidos políticos.

El dictamen favorable se aprobó con ocho votos de Nuevas Ideas, PDC y PCN y pasaría a aprobación del pleno este miércoles. Lidia Serrano, diputada suplente de Marcela Villatoro, de ARENA, no votó para el dictamen; pese a que la diputada Villatoro votó a favor cuando se emitió el acuerdo de reforma.

Esta es la segunda reforma a la Constitución que aprobaría la actual legislatura dominada por Nuevas Ideas.

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Para su ratificación, se necesitan los votos de las tres cuartas partes de diputados electos (45 votos) y la actual conformación legislativa oficialista cuenta con 57. Con la reforma al artículo 248, la ratificación puede hacerse en una misma legislatura y no tener que esperar al cambio de diputados como estaba establecido anteriormente.

“Por justicia social, cada partido debe financiar sus campañas electorales”, dice la iniciativa de Nuevas Ideas que fue leída en el desarrollo de la comisión. 

El presidente de la Asamblea y de la Comisión, Ernesto Castro, explicó que si en la sesión plenaria de mañana se ratifica el acuerdo, mañana mismo enviarán a publicarlo al Diario Oficial y en ocho días “será un hecho”.

“Le vamos a estar cumpliendo al pueblo salvadoreño… Oficialmente la deuda política va a desaparecer, ya los partidos políticos no van a ser mantenidos de los bolsillos de los salvadoreños”, dijo Castro.

La diputada Alexia Rivas comentó que dicho aval a la ratificación es solo un trámite para eliminar ese financiamiento y afirmó que es un “privilegio de responderle a los salvadoreños” en ese tema.

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Pero no solo la Constitución contempla la figura del financiamiento público, la Ley de Partidos Políticos establece los lineamientos para la entrega de dicho financiamiento, que se basa en una cuantía establecida por el Ministerio de Hacienda por cada voto válido en las elecciones presidenciales, legislativas y de concejos municipales.

A través de un comunicado, la organización Acción Ciudadana señaló que sin financiamiento público, la política “se privatiza y la democracia se debilita”. No descarta que la medida busque una concentración de poder por parte del partido de gobierno.

“La reforma afectará el pluralismo político, ya que la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral”, advirtieron.

De la misma forma, FESPAD señaló que la eliminación de la deuda política también limita la participación ciudadana en la fiscalización del financiamiento de la política.

Por otra parte, expertos en Política y materia electoral coinciden en que eliminar deuda política es solo la  "excusa" del oficialismo para cambiar la Constitución, pues ahora se pueden ratificar los cambios en una misma legislatura.