El gobierno de Bukele está corriendo para aprobar esta misma semana su reforma de pensiones, como lo ha anunciado, después que concluyó la jornada de consultas que realizó la comisión legislativa Ad Hoc de pensiones en menos de un mes, aunque se señaló que sólo llamó a funcionarios y sindicatos afines al oficialismo.
Este lunes, la comisión Ad Hoc de pensiones se encuentra reunida por la tarde para evaluar los cambios que agregarán al proyecto de ley luego de finalizadas las consultas.
El abogado Jaime Ramírez señaló en sus redes sociales que el gobierno está corriendo para aprobar la reforma. “No han dormido los diputados por trabajar esa ley y por aprobarla prontamente. Hay una premura y desconocemos por qué hay tanta urgencia cuando se debió tomar en cuenta la posición de los sectores involucrados”, declaró.
En sus intervenciones fueron mínimas las discrepancias de los sindicalistas convocados con las iniciativas presentadas por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de una nueva ley Integral de Pensiones, la creación de un Instituto Salvadoreño de Pensiones y el cambio del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) por otro mecanismo que seguirá sustrayendo dinero de los ahorros de los trabajadores pero con otro nombre.
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La mayoría de los que llegaron adularon al gobierno asegurando que por fin se tendrían “pensiones justas” y que los habían tomado en cuenta en la discusión; sin embargo, a esas reuniones no fueron invitados las organizaciones aglutinadas en la Central Sindical Independiente, por ejemplo, que son sindicatos de los Ministerios de Salud, Educación, Seguridad y Justicia, que cuestionan las políticas del gobierno.
“No han dormido por aprobarla. Hay premura y desconocemos por qué hay tanta urgencia cuando se debió tomar en cuenta la posición de los sectores involucrados”
Jaime Ramírez, abogado crítico de la reforma
A los pocos días de conocerse que el presidente Nayib Bukele por fin había enviado a la Asamblea el proyecto de pensiones prometido desde el 15 de septiembre de 2021, y con la escasa información que brindó el ministro de Hacienda, fueron los primeros en señalar que el aumento de la pensión mínima a $400 es “incoherente” y “desigual”.
Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio (SEJES), cuestionó que se trata más de una medida “populista y motivada por temas electorales” e inconsulta, ya que 2023 es un año preelectoral y Bukele buscará ser reelecto en el cargo, pese a que la Constitución se lo prohíbe.
Además, los voceros de la Central Sindical Independiente afirmaron que la propuesta no recoge los aportes que brindaron al mandatario en la reunión que sostuvieron con él en octubre de 2021, cuando fueron llamados para que hicieran sus propuestas a la reforma previsional. Por ejemplo, afirman que ignoraron su petición de eliminar a las AFP y sustituirlas por un Instituto Autónomo de Pensiones, así como ponderar la pensión sobre la base del 75% del último salario recibido por el trabajador.
La propuesta del gobierno es elevar la pensión mínima de $304 a $400 y para el resto un incremento del 30%. El aumento no lo gozarán el resto de cotizantes que ya retiraron el 25% del anticipo de sus ahorros para pensionarse. Este mecanismo también es eliminado en la iniciativa del Ejecutivo alegando que es “insostenible”.
Daniel Rodríguez, secretario del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), expresó que 400 dólares no es una buena pensión. “No se vale jugar con la necesidad de los trabajadores para hacer campaña política”, lamentó en conferencia de prensa.
La Mesa por una Pensión Digna, que es dirigida por Patricio Pineda, tampoco fue invitada a dar sus opiniones a la comisión Ad Hoc. Pineda ha puesto en duda la veracidad de las promesas que hace el gobierno en su iniciativa de ley.
Por ejemplo, se pregunta de dónde saldrán $200 millones en un año para pagarles a las 60,000 personas que ganan actualmente el salario mínimo de $365 y poder pagarles una pensión de $400, que en el caso de este grupo poblacional estarían percibiendo una pensión del más del 100% de su salario.
Al igual que la Central Independiente, considera que hay una desigualdad en la distribución, ya que las personas que ganan más del salario mínimo también serán sujetas a percibir una pírrica pensión de entre 400 a 500 dólares, a pesar de que cotizan más.
El porqué de que estos representantes de los trabajadores no fueron llamados a la comisión Ad Hoc de pensiones puede ser sus críticas al gobierno.
El abogado Ramírez señaló que no han escuchado a quienes quieren una reforma más justa y equitativa.
Para el abogado, si no se toman medidas de beneficio para los trabajadores significa que al gobierno sólo le interesa tomar lo que queda del fondo de pensiones, pues siempre obligarán a las Administradoras de Fondos de Pensiones a comprar certificados estatales como lo han venido haciendo todo este tiempo con bajos intereses.
Por su parte, Pineda lamenta que la motivación de la reforma sea política y no técnica, que no busca solucionar los graves problemas que enfrenta el sistema como lo son: la cobertura, las bajas pensiones y la sostenibilidad.
La lectura que hace Pineda es que las reformas a las pensiones planteadas por el gobierno se dan para opacar algunos aspectos que se están ventilando públicamente que podrían estar poniendo en aprietos a Bukele.
Señaló la cuestionada libertad bajo fianza de Ana Ligia de Saca, el rechazo que la población hace del Bitcoin, el alto endeudamiento del gobierno, el cuestionado voto electrónico en el exterior y las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios bukelistas por corrupción o por atentar contra la democracia.
¿Quiénes sí fueron llamados a comisión? Sindicatos de la ccr, gobernación, del ISSS Ricardo Monge, del STISSS; Edwin Solórzano, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación (SITRAMIG); fue de los pocos que expusieron que sus propuestas de eliminar a las AFP no fueron tomadas en cuenta, además propusieron que la tasa de cotización fuera progresiva con un techo inicial del 16% planteado para el primer año y del 17% para el cuarto año. Sindicato de médicos del seguro social Rafael Aguirre, del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS); Unidad Sindical Salvadoreña (USS); Fredys Vásquez, del Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC); Jaime Ávalos, de la Federación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Democráticos de El Salvador (FSTD) y AGEPYM, entre otros.