La comisión especial de antejuicio contra el diputado Alberto Romero reanudó la sesión de trabajo este miércoles 30 de agosto de 2023 con la valoración de la pertinencia y legalidad de las pruebas ofertadas por parte de la defensa y la parte fiscalía.
La parte fiscal ofreció como pruebas declaraciones testimoniales de María de Jesús Guardado, quien laboró como asesora en la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; de Ricardo Gutiérrez Romero, quien laboró como colaborador administrativo en la Asamblea, de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza hasta el 1 de febrero de 2018; y de Ana María Gertrudis Ortiz Lemus, quien laboró como asistente de fracción de ARENA hasta el 30 de abril de 2018, para que expliquen las razones por las que hacían depósitos de dinero en cuentas de la esposa de Alberto Romero.
Además, la parte fiscal pidió que se incluya la declaración de Ana de Lourdes Olmedo de Romero, esposa del diputado y de Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, hija del diputado.
Sin embargo, al momento de desarrollarse la comisión solo se contaba con la presencia de Ortiz Lemus, por lo que la parte fiscal pidió a la comisión que se acordara llamar por apremio al resto de testigos citados, es decir, que sean conducidos con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) para comparecer a la comisión. Además, que se pidiera el registro migratorio de las personas citadas a Migración y Extranjería.
La petición de la parte fiscal fue aprobada por la comisión especial y declaró en receso hasta horas de la tarde de este miércoles.
“Queremos que esta comisión conozca porqué esta persona depositaba dinero a las cuentas del aún diputado Romero”, dijo el diputado Giovanny Zaldaña, de la parte fiscal.
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Agregó que prescindirán de la declaración del perito financiero que participó en el proceso civil que se realizó en la Cámara Segunda de la Sección del Centro de Cojutepeque, al contar con la sentencia del 28 de agosto de 2023.
El abogado defensor ofertó como prueba la sentencia de la Cámara de Cojutepeque, y pidió que se requieran los audios de los días 9 y 14 de agosto de 2023 de las discusiones de la audiencia probatoria en dicha Cámara, así como la información de salarios, gastos de representación y viáticos de viajes devengados por el diputado Romero desde 2009.
La comisión rechazó admitir los audios propuestos por la defensa del diputado Romero.