La Comisión de Seguridad y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa aprobó con siete voto el dictamen favorable a la “Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, propuesta por el gobierno y con la que se sustituirá la actual Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.
Actualmente, la ley contempla un listado de 20 tipos de instituciones que realizan transacciones financieras y que están obligadas a reportar las diligencias u operaciones que sean sospechosas, entre esas los partidos políticos, las entidades reguladas por la Superintendencia del Sistema Financiero, sociedades emisoras de tarjetas de crédito y otras.
Pero la iniciativa gubernamental ya no incluye a los institutos políticos como sujetos obligados y tampoco incluye a las empresas hoteleras, constructoras, las organizaciones no gubernamentales, los inversionistas nacionales e internacionales, las droguerías, laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias; asociaciones, consorcios y gremios empresariales.
La propuesta se leyó la mañana de este jueves en la comisión de Seguridad y en la tarde se recibió al fiscal general, Rodolfo Delgado, y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para exponer sus opiniones sobre la nueva normativa.
Según Delgado, la propuesta incluye recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y señaló que tiene una reducción en la cantidad de sujetos obligados que deben emitir reportes de operación sospechosa hacia la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
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“Básicamente quedan contemplados dentro de los sujetos obligados solamente aquellos sectores que representan verdaderamente un riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”,
Rodolfo Delgado, fiscal general
Destacó también que otra diferencia de la iniciativa es definir el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
El ministro Villatoro argumentó la propuesta en que permite mayor inclusión financiera. “Era más fácil que le dieran o le aperturaran cuentas a verdaderos lavadores de dinero que a un PEP, que alguien que tenía un negocio formal”, dijo.
Crea comité
La nueva normativa también crea al Comité Interinstitucional para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), como organismo “consultivo y de coordinación estratégica” para diseñar y proponer al órgano Ejecutivo las políticas, estrategias y planes de acción.
Este comité estará integrado por:
- Fiscalía General de la República
- Presidente de la Corte Suprema de Justicia
- Ministro de Justicia y Seguridad Pública
- Ministro de Hacienda
- Ministro de la Defensa Nacional
- Ministro de Economía
- Presidente del Banco Central de Reserva
- Superintendente del Sistema Financiero
Se mantiene la UIF como una entidad adscrita a la Fiscalía y como la única como centro nacional para la recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas y otra información relevante al lavado de activos, delitos precedentes asociados, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.