La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa avaló este viernes el dictamen favorable para que se emitan las “Disposiciones Especiales para la Promoción y el Otorgamiento de Incentivos Fiscales para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Altura”, que otorgaría exenciones del Impuesto sobre la Renta a nuevos proyectos de edificios de 35 pisos o más.
La iniciativa fue presentada por el gobierno y busca la promoción de estos desarrollos inmobiliarios destinados a viviendas, espacios para realizar actividades económicas, como el desarrollo turístico, hotelero y para destinarse a la prestación de otros servicios.
Previo a la aprobación del dictamen, la comisión recibió a Luis Rodríguez, director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), quien señaló que la exención del Impuesto sobre la Renta es de 15 años, contados desde el primer año de reporte de utilidades e ingresos.
“Y se enfoca en cuatro puntos importantes: Uno sobre la ganancia de capital; dos, sobre la renta; tres, sobre las retenciones y, cuatro, sobre el pago a cuenta”, dijo.
El proyecto de decreto establece el incentivo para desarrollo inmobiliario en altura que cuenten con 35 pisos o más, “medidos desde el punto más bajo de la rasante de la calle frente a dichas edificaciones”, lo que Rodríguez destacó que entrarían en la categoría de rascacielos.
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Identificó algunos factores que serían de beneficio para el uso de espacios, ya que en promedio unas 200 unidades habitacionales o comercios ocupa un área de 15,000 metros cuadrados y que en una torre de 35 niveles, con 200 unidades, ocuparía de 750 a 1,000 metros cuadrados.
Además del aprovechamiento del espacio, considera que habría mayor eficiencia energética, reducción del tráfico, mejor acceso a servicios, diversificación de la economía, calidad de vida urbana, innovaciones arquitectónicas y constructivas y planificación y resiliencia urbana.
Rodríguez puso como ejemplo que una torre de 35 pisos puede tener “usos mixtos” con espacios de comercio, área para convenciones, negocios y oficinas, área hotelera y habitacional. “El turista de comercios y convenciones gasta diez veces más que el turista convencional”, dijo.
Vamos propone incluir vivienda social
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, señaló que los inversionistas tendrían el beneficio de no pago de impuesto por 15 años, lo que representa un sacrificio fiscal para el país, y consultó cuál será el beneficio para las personas que no alcanzan a comprar o alquilar una unidad habitacional en este tipo de edificaciones.
“¿Existe dentro del plan que ustedes han estructurado algún elemento o algún área en la cual se le pida a los inversionistas, a cambio de la inversión y construir los rascacielos, que también dejen algún tipo de vivienda social?”, cuestionó, señalando que sería una medida de equilibrar la distorsión en el mercado de vivienda.
Rodríguez respondió que “una de las partes más importante” de este tipo de proyectos es la optimización uso del suelo. Luego dijo que “diversifica la actividad económica en un espacio más reducido”, al concentrar diferentes actividades económicas en un solo lugar.
“En cada una de esas actividades económicas hay generación de empleo”, dijo. En el caso del tema de viviendas de interés social, Rodríguez dijo que están trabajando algunos proyectos relacionados; pero expuso que para algunos "no son atractivos".
La diputada Ortiz propuso que se incorporara un artículo que estableciera el incentivo de vivienda social, en el sentido que para gozar del beneficio fiscal de las disposiciones, a partir del tercer año de utilidades los inversionistas deban "estructurar, edificar y comercializar proyectos habitacionales para vivienda social, en una proporción de tres unidades habitacionales cuyo costo de mercado no exceda los $25,000 por cada unidad habitacional que cuyo costo de mercado exceda los $200,000".
La propuesta de la legisladora no tuvo apoyo de los diputados de Nuevas Ideas, por lo que no se incorporó al proyecto de decreto.