El Colegio Médico de El Salvador (Colmedes) ha cuestionado el silencio de las autoridades de Salud ante la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, el pasado 23 de diciembre de 2024, argumentando que los proyectos extractivos podrían tener impactos irreversibles en la vida de las familias salvadoreñas.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por los graves daños a la salud que ocasionará la explotación minera, que ha sido autorizada en nuestro país”, señaló el gremio en una conferencia de prensa.
Ambientalistas, movimientos sociales y la Iglesia Católica han expresado su desacuerdo con la reapertura de esta actividad económica debido a los impactos medioambientales y sociales que genera.
Una mina: 10 años de vida útil y décadas de contaminación
“No estamos preparados. El sistema de salud actualmente no es capaz de solucionar los problemas que afectan a la población salvadoreña”, advirtió el médico infectólogo Iván Solano Leiva, presidente electo de Colmedes, quien asumirá su cargo el próximo 1 de marzo.
Solano Leiva argumentó que el presupuesto para el funcionamiento del Ministerio de Salud ha sufrido una importante reducción, lo que limita su capacidad para atender a la población.
“Si además agregamos las enfermedades que vendrán, no solo los trabajadores se verán afectados, sino también la población local y, de forma indirecta, quienes no vivimos en esa área”, agregó el especialista en infectología.
Un proyecto extractivo puede generar contaminación desde la fase de estudio del suelo. Durante los diez años de vida útil de una mina, si los residuos generados o las instalaciones no reciben el tratamiento adecuado al finalizar el proyecto, los efectos contaminantes pueden persistir durante décadas.
Durante el proceso de extracción se emplean grandes cantidades de cianuro y plomo, sustancias altamente tóxicas para el ser humano. Estas afectan directamente las vías respiratorias y la piel de los trabajadores que entran en contacto con ellas, y también a las comunidades cercanas debido a la dispersión de los contaminantes.
Al ingresar en el sistema digestivo, estos elementos pueden afectar todo el organismo, causando consecuencias agudas y crónicas como daños neurológicos, insuficiencia renal y cáncer, entre otras afecciones. A esto se suman los riesgos asociados a las condiciones laborales de esta industria.
“¿Será capaz el Gobierno o el Ministerio de Salud de afrontar esta situación?”, cuestionó Solano Leiva, enfatizando que no se ha observado una atención en salud adecuada para la población. “Consideramos que la minería metálica es la principal amenaza para la salud pública de El Salvador en 2025”.
Para extraer un kilogramo de oro se ocupa el agua de 155 mil habitantes
El Colegio Médico también señaló: “Nos extraña el silencio de las autoridades competentes, como los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Local, Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros sectores”.
Dado que la contaminación del aire y el agua no solo afectará a los trabajadores y comunidades cercanas a los proyectos extractivos en la zona norte del país, Colmedes expresó su preocupación por “los innegables daños a los que se está condenando a la población salvadoreña debido a la minería metálica”.
La gremial se ha unido a la petición de la ciudadanía para exigir la derogación de la ley.
“La minería metálica, independientemente de cómo se realice, impactará el medioambiente y, por ende, nuestra salud”, concluyó Colmedes.
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