Representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) presentaron ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) una denuncia de violaciones a derechos humanos contra los imputados Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad y Justicia, y Ramón Roque, quienes siguen en prisión a pesar de tener orden judicial de libertad.
El pasado 6 de diciembre el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decretó poner en libertad a ambos procesados por haber cumplido dos años de detención provisional y les dictó medidas alternas.
Presentarse a firmar cada 15 días a la sede judicial, no salir del país y no cambiar de domicilio, son algunas de las reglas ordenadas a los imputados.
“Hasta la fecha la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna y el director de Mariona, se niegan a cumplirla”manifestó Ivania Cruz, abogada de Cofappes.
Por el incumplimiento de la orden judicial, esa organización presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 12 de diciembre de 2022, pero tampoco han tenido respuesta.
Por otra parte, solicitaron a la PDDH que se pronuncie sobre una denuncia presentada el 5 de octubre de 2021 por Ramírez Landaverde sobre supuestas vulneraciones a sus derechos y las garantías constitucionales en el proceso judicial que enfrenta por los delitos de actos arbitrarios y peculado en el caso conocido como Asocambio.
“Hasta la fecha no se ha dado respuesta y desde un inicio se puso a disposición Mauricio Ramírez para colaborar con el proceso y la justicia” explicó la abogada.
Cruz agregó que el proceso administrativo no ha habido ningún acompañamiento de parte de la PDDH y tampoco ahora que se estarían violando los derechos de los imputados, al no liberarlos pese a la orden del juzgado.