El 17 de mayo, El Faro publicó una serie de audios que dan cuenta de posibles negociaciones entre el gobierno y pandillas. Desde ese momento, el oficialismo ha guardado silencio al respecto o se ha dedicado a atacar a este medio y sus periodistas.
Esto, hasta que Félix Ulloa se refirió a la investigación y afirmó a Le Monde, de Francia, que “sería lógico abrir una investigación” para saber si Carlos Marroquín, director de la Unidad de Tejido Social, efectivamente tenía esa comunicación con las pandillas.
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Al respecto, la diputada Claudia Ortiz destacó que “al fin” hay un funcionario de esta administración que se está refiriendo a esta investigación.
Sin embargo, la legisladora lanzó un reto al gobierno: “Quiero ver que empiecen las investigaciones”.
A su juicio, hay que dilucidar si negociar con grupos criminales ha sido una política de Estado. Además, afirmó que “lo que sí parece una política de Estado es la negativa a extraditarlos, el silencio sobre este tema, el ocultamiento de información sobre lo que está pasando en los centros penitenciarios, el ocultamiento de información a los familiares”.
Además, Ortiz dijo en declaraciones a periodistas que si fuese una acción personal la que tomó Marroquín, “yo no he visto al presidente de la República o ningún funcionario de Seguridad que tome una postura o decisión para esclarecer esto”.
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Mientras no se esclarezca, añadió, “hay cierta complicidad. Esto, pues sostiene que el funcionario de Tejido Social ha seguido participando en actos públicos del gobierno. “No veo que haya una acción decidida al respecto”, sentenció.
Lamenta ataques a líderes religiosos
Ortiz también condenó los ataques que hizo el vicepresidente de la República a líderes religiosos del país. Ulloa sostuvo que el 80% de los pastores del país forman parte de estructuras criminales.
La diputada lamentó “que el vicepresidente esté señalando de una manera tan irresponsable a la comunidad eclesial, es bien lamentable porque si bien puede haber algunos representantes de este sector con esos vínculos, es complicado estar diciendo que la mayoría está vinculado al crimen organizado.
Según ella, fue una declaración “lamentable e irresponsable” y considera que amerita una disculpa pública, igual a los periodistas.
“Lo más fácil es criminalizar a quienes están señalando las faltas de coherencia de esta administración, eso es lo más fácil, como dicen los diputados que en la oposición defendemos pandilleros. Igual, decirlo con los pastores, líderes religiosos o periodistas es un discurso barato para desviar la atención”, enfatizó.