Justicia es lo único que María Amaya pide luego de recibir los restos de su padre José María Márquez y otros nueve integrantes de la familia, asesinados en la masacre de El Mozote y caseríos aledaños, cometida por integrantes de la Fuerza Armada en 1981, en el contexto del conflicto armado.
La señora recibió las osamentas en el marco de la conmemoración de los 43 años de la matanza, la más registrada en América Latina en los años 80, en la que organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que fueron ejecutadas más de 1,000 personas civiles, incluyendo ancianos, mujeres y niños.
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La conmemoración estuvo marcada por discursos de los sectores sociales que exigen el avance del proceso judicial hasta llegar al juzgamiento de los responsables de la masacre, mientras que las autoridades de gobierno resaltaron las obras realizadas en la zona, como acciones de reparación.
El padre Rogelio Ponseele recordó a las víctimas y reconoció el esfuerzo de la comunidad para conocer la verdad y llevar el caso hasta la fase judicial.
"El número de personas de todas las edades, que de la manera más despiadada le cegaron la vida asciende a no menos de 1,000 y acá estamos para hacer memoria de este doloroso acontecimiento y brindar homenaje a quienes fueron masacrados, padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, primos, primos, amigas y amigos" manifestó.
Los abogados querellantes en representación de las víctimas de las organizaciones Cristosal y Tutela Legal expusieron el bloqueo judicial que han enfrentado desde la asignación de la nueva jueza del caso.
David Morales hizo un llamado a la procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero "que se supervise las actuaciones de la señora jueza Mirtala Portillo que está dilatando el caso, que supervise las violaciones al debido proceso y el incumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana, que se pronuncie por el bloqueo de los archivos militares" y que emita un informe ejerciendo sus facultades dé recomendación o las medidas cautelares que consideren pertinente.
#ElSalvador | Ambiente previo a la conmemoración de los 43 años de la masacre de El Mozote y lugares aledaños cometida por elementos de la Fuerza Armada en el contexto del conflicto armado. Video EDH/ L. Lemus.pic.twitter.com/t6sqcyYplm
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) December 14, 2024
El procurador adjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDD) también señaló la necesidad de justicia para alcanzar la reconciliación.
"Las personas que atestiguaron esos hechos son personas de edad (...)pero continúan con su memoria viva y clara y debe esa memoria histórica ser recogida y utilizada para dar fe de lo que sucedió, pero también para buscar esa justicia que ya tardó en llegar demasiado y esa impunidad" expresó.
Las organizaciones sociales han contabilizado la muerte de 148 familiares de las víctimas que han muerto en espera de justicia.
José Rutilio Argueta, quien perdió a su hermana María Argueta, su cuñado y sus siete sobrinos, incluyendo una joven embarazada, dijo que espera que los hechos se aclaren.
Los restos de los familiares de José fueron entregados a su familia, pero su deseo es que se conozca la verdad de lo realmente pasó.
El señor relata que su hermana, su cuñado y sus sobrinos y sobrinas eran personas civiles que no se metían en nada y sobrevivían de la siembra de hortalizas, la producción artesanal de dulces y de dos vacas que tenían.
"Yo espero que se aclare todo los hechos porque ahí se le pasó la mano a la Fuerza Armada. Uno siente un gran vacío porque uno sabe que nunca los va a volver a ver", expresó mientras colocaba unas flores sueltas en el memorial de las víctimas.
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Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, expresó que es importante la sanación de la heridas para que este tipo de hechos lamentables no se repitan.
Díaz recalcó la falta de cumplimiento de una sentencia emitida hace 12 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que ordena medidas de reparación que deben ser cumplidas por el Estado salvadoreño.
Entre esas obligaciones del Estado está: un registro de víctimas, más exhumaciones, algunas obras de beneficio social.
"Lamentablemente se ha evidenciado esta impunidad en el caso y todavía es más lamentable que a 43 años, la justicia está inconclusa y esté paralizada por motivaciones políticas en defensa de los perpetradores de estos hechos", manifestó.
Entre las decisiones de la jueza que las organizaciones señalan como arbitrarias están: rechazo de recursos de impugnación presentados por los representantes de las víctimas, reducción del expediente de 600 a solo 133 piezas, exclusión en diligencias para restituir restos exhumados, denegación o retardación en la petición de copias de documentos y frases que descalifican la labor de la querella.
Por su parte Denis Morel, director distrital de Meanguera, resaltó los proyectos realizados por el gobierno central entre esos un polideportivo, un centro escolar y la reparación de las calles. "Agradezco todas las obras de reparación que se han hecho, que no son suficientes para curar las heridas, pero sí ayudan muchos a las nuevas generaciones" declaró.