Más de cinco mil mujeres y niñas son víctimas de agresiones sexuales cada año en El Salvador, según datos públicados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), a través de su más reciente Informe sobre hechos de violencia sexual en El Salvador 2019-2023.
Estos datos reflejan la realidad que se vive al interior de los hogares, debido a que las investigaciones presentadas indican que 45% de los hechos de violencia ocurrieron en las casas de las víctimas, seguido por el 27% en espacios abiertos y el 3% en entornos de atención institucional.
“Se ha mantenido una actitud pasiva frente a la identificación temprana de estos delitos, lo que subraya la necesidad de un enfoque interinstitucional más robusto”, detalló Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), argumentando la falta de datos sobre el tipo de agresores dificulta la comprensión del fenómeno en su totalidad.
El informe retoma datos anuales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y datos de otras fuentes civiles, para tener un panorama más amplio.
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Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, detalló que la población más afectada son las mujeres, representando el 91% de las víctimas, sobre todo en edades entre los 0-19 años, quienes representan el 71% de las víctimas registradas por las instituciones; mientras que 16% son mujeres jóvenes entre los 20 y 34 años.
“Como OUDH e IDHUCA hemos priorizado el análisis y monitoreo de situaciones relacionadas al régimen de excepción y como este régimen ha impactado negativamente en los derechos (...) es evidente que ha configurado un nuevo escenario negativo donde el Estado ha faltado a su obligación de respetar sistemáticamente estos derechos”, agregó Rodríguez.
Para el OUDH, estas cifras “epidémicas” de violencia reflejan cómo “las políticas estatales no responden a la caracterización de estos tipos de violencia. Aunque no es el perpetrador se desprende una falencia en proteger a las víctimas y prevenir este tipo de violencia”.
Los informes registran al menos siete tipos de violencia contra la mujer, entre ellos destaca las agresiones fisicas, patrimoniales, sexuales, económicas, trata de personas, laboral y desde 2020 se ha registrado un importante incremento en la violencia psicológica y emocional.
El 39% del total de hechos son violaciones sexuales, según el informe, pero el UODH sostiene que es necesario también analizar los hechos de violencia que no se encuentran en la gráfica para determinar si realmente “no existen, o más bien hay una cultura de no denuncia o una práctica de no registro”.
Aunque se han hecho avances en la recopilación de datos de violencia contra las mujeres, los investigadores sostienen que aún hace falta trabajo que realizar por parte de las autoridades.
Uno de los datos que genera ruido para el Observatorio es que en 2020 las autoridades no reportaron el género de los agresores, por lo que las estadísticas de los últimos cuatro años indican que 58% son hombres, pero también se hizo un estudio sin tomar en cuenta este lapso, dando como resultado que el 75% de los agresores fueron identificados como hombres (en 2019, 2021 y 2022).
“Estamos hablando que es un sistema de información con retos importantes para superar en el futuro, hay un vacío de información importante para completar y también podría apuntar en falencias no solo en los registros sino también las investigaciones lo cual es más grave”, señaló el coordinador del OUDH.
Rodríguez sostiene que el régimen no está respondiendo a estas características de violencia y está recargando el sistema de justicia al momento de procesar las denuncias y judicializarlas.
En este contexto el OUDH sostiene que se necesita un diseño de políticas públicas que responda a las características de este tipo de violencia.
“Políticas públicas como el Plan Control Territorial o el Régimen de Excepción no están respondiendo a esta caracterización de la violencia, sino que además han generado una saturación en el sistema de justicia penal que ha generado retardos en el acceso a justicia para estas miles de víctimas de violencia sexual”, dijo Rodríguez.
El 48% de los casos judicializados resultaron en condenas según datos de la MJSP, y el 41% de los casos que avanzaron a la etapa de instrucción también terminaron en condenas, indica la FGR.
Otro de los datos que generan preocupación es el acceso de las víctimas a recibir atención psicológica, legal o social, entre los datos publicados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 2,658 casos fueron atendidos entre 2019-2022 de los 25,00 casos de agresiones registrados por el Ministerio de Justicia en el mismo período, difícilmente tiene una cobertura del 12%.
“Ante estos datos, surge la pregunta si los recursos que se les están dando a las instituciones son suficientes para atender toda la población de la temática”, agregó Rodríguez, argumentando que recientes acciones como la presentación del proyecto de presupuesto nacional para 2025 presentado semanas antes ISDEMU es una de las instituciones descentralizadas con más recortes a su presupuesto, reduciendo su personal a la mitad.
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Según sus informes, 71% de los casos atendidos por ISDEMU fueron ayuda psicológica.
“Justamente estos recortes en áreas importantes como el ISDEMU que podría jugar un rol fundamental para dar atención a esta gran cantidad de víctimas disona si vemos los aumentos que están teniendo oficinas como Secretaría de Innovación, Secretaría Privada, Secretaría de Comunicaciones todas de la Presidencia de la República tienen asignaciones importantes para 2025”, dijo el coordinador del OUDH.
Bajo este contexto, Rodríguez cuestionó “por qué aumentar el presupuesto a instituciones que no tienen competencia directa con los graves problemas que estamos teniendo en El Salvador, uno de ellos es el que estamos abordando ahora con altos índices de victimización”.
OUDH señala en su informe que existe un patrón de cambio en la forma de comunicar a través de cuentas de la Policía donde los hechos de violencia sexual tienen una cobertura de estas acciones.
“Parece una acción intencionada a dejar de informar sobre este tipo de violencia, lo cual no corresponde con lo que está pasando en la realidad. Se ha dejado de informar, pero los tipos de violencia se han mantenido en los mismos niveles epidémicos”, concluyó el coordinador del OUDH.