El número de salvadoreños con necesidades de protección y ayuda humanitaria es alto y crece en El Salvador. Así lo señala el informe de diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña (2018-2023) de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) presentado la semana pasada.
Al hablar de movilidad de salvadoreños, dice el estudio que toma como base datos de organismos internacionales como ACNUR, esto no solo abarca personas refugiadas, solicitantes de refugio, inmigrantes y migrantes, si no que también se refiere a personas en condición de desplazamiento interno y vulnerabilidad, a quienes se les debe dar importancia.
Durante los primeros seis meses de 2023, la cifra de salvadoreños refugiados alrededor del mundo se ubicó en 62,248 personas, superando los 58,621 registrados en 2022, es decir.
La tendencia al alza también se mantuvo en el número de salvadoreños solicitantes de asilo. 148,758 solicitudes fueron presentadas en 2022, cifra que se triplicó en relación a los no más de 49 mil que se tuvieron en 2019. Para el primer semestre de 2023 ya se contabilizaban 143,500.
Google oficialmente abrió sus oficinas en San Salvador
El informe que toma como base datos de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), El Salvador, señala que para 2022 en el país se registraban 104 refugiadas y 54 solicitantes de asilo; mientras que para 2023 los solicitantes de asilo aumentaron a 148 (ver gráfica 2).
El informe de Tutela Legal también hace referencia al número de personas que dentro de El Salvador necesitan protección o algún tipo de ayuda humanitaria y que son atendidos por ACNUR; la agencia de la ONU los categoriza como “Otros grupos de interés” (OOC por sus siglas en inglés).
Estos no son refugiados o solicitantes de asilo, pero son del interés de ACNUR porque presentan perfiles que requieren activar mecanismos de protección internacional o ayuda humanitaria.
“Probablemente necesiten protección internacional, incluida protección contra el retorno forzado, así como acceso a servicios básicos (vivienda, alimentación, educación, salud) de forma temporal o a largo plazo”, Explica Celia Medrano, consultora e investigadora que colaboró en el informe de Tutela Legal.
Dentro de esta categoría en 2022 se registraron 6,205 personas, cifra que fue superada en los primeros seis meses de 2023, cuando se tuvieron 9,275.
Otra de las categorías de mayor aplicación para casos de personas salvadoreñas son las comunidades de acogida.
“Estamos hablando de una comunidad que acoge a grandes poblaciones de refugiados o desplazados internos, ya sea en campamentos, integrados en hogares o de forma independiente”, puntualiza Medrano.
Al revisar las estadísticas se tiene que en 2022 el número de personas atendidas por ACNUR en esta condición fue de 85,071 personas, mientras que de enero a junio de 2023 se tuvieron 49,305.
Desplazamiento interno asociado a violencia y violación a derechos
Los investigadores estiman que la cifra total de 2023 de personas atendidas en comunidades de acogida siguió en aumento. Asimismo señalan que dentro de estos un buen porcentaje se relaciona a desplazados internos motivados por hechos relacionados a algún tipo de violencia u otros factores como el cambio climático.
“El desplazamiento interno puede ser causado por violencia generalizada incluyendo violencia de actores estatales, puede ser ocasionado también por un fenómeno climático o por fenómenos que alteren el orden público de acuerdo al concepto de desplazados internos”, expone Medrano.
El dato oficial más reciente que se tiene sobre desplazados internos en El Salvador fue publicado en 2018. El informe Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública señala que entre 2006 y 2016 en el país hubo 71,500 personas en condición de desplazamiento interno.
El 87.5% de los salvadoreños se sienten más seguros con el régimen de excepción, afirma encuesta del Iudop
Tutela Legal concluye que en el 2022 y el primer semestre del 2023 “se observan los números más altos de personas con necesidades de protección y ayuda humanitaria registrados en los últimos 10 años”. (VER GRÁFICA 1)
En 2021 se atendieron 391 personas en comunidades de acogida, para 2022 la cifra subió extremadamente a 85,061; mientras que sólo en los primeros seis meses del 2023 se atendieron 49,305.
Otros grupos de interés pasó de 2,634 en 2021 a 6,205 en 2022; y 9,275 en el primer semestre de 2023, según datos presentados en el segundo informe de diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña (2018-2023).
Asimismo el boletin de ACNUR de agosto 2023 señala que se atendieron 117,718 desplazados internos y se atendían 20,000 personas recibían algún tipo de ayuda humanitaria.
Datos del Plan de Acción para El Salvador del Equipo Humanitario País, que integra ACNUR y otras organizaciones internacionales como OXFAM y Save the Children, señaló en una publicación del 8 de marzo que en El Salvador existen dos grandes crisis, una es el impacto del fenómeno del niño y el otro la movilidad humana.
Al desglosarlo por género, muestra que más de 67,6000 personas están en riesgo de protección por violencia basada en género; el 90% de la población en necesidad ante los riesgos de violencia basada en género son mujeres y el 29% de estos son adolescentes y niñas.
“Cuando uno revisa esos datos se da cuenta que dan referencia de personas que se encuentran en condición de necesidades de protección o de necesidades de ayuda humanitaria, eso puede ser por el tema de hambruna; por ejemplo, varios organismos de Naciones Unidas han planteado de que hay población que está sufriendo hambre en el país. Ahí entran también niños, por ejemplo, que son objeto de violencia intrafamiliar o de algún tipo de violencia, personas LGTBI , entre otros.”, añade la experta.
Asamblea autoriza nuevo préstamo con CAF por $75 millones
En El Salvador se ubican 40 comunidades a nivel nacional con albergues de acogida para personas LGTBIQ+ con necesidades de protección y ayuda humanitaria, a quienes da atención ACNUR. En Santa Ana se localizan 4; 1 en Chalchuapa; 2 en Nahulingo, Sonsonate; 6 en San Salvador, 4 en Mejicanos; 4 en Cuidad Delgado, 5 en Soyapango, 2 en Apopa, 1 en Panchimalco, 1 en Ilopango, 3 en San Vicente y 4 en San Miguel.
ACNUR explica que dentro de las comunidades de acogida además son atendidas niñas, niños y jóvenes víctimas de violencia, quienes son “particularmente afectados”, personas sobrevivientes de violencia de género y personas LGBTIQ+, entre otros colectivos en mayor riesgo.
Ante este panorama, Tutela Legal a través de su informe reitera al Estado salvadoreño la necesidad de definir una política nacional para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña (la última es del 2017); además de agilizar el estudio, discusión participativa y aprobación de la propuesta de ley sobre derechos de las personas migrantes desaparecidas presentada en 2020 por el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador COFAMIDE.
Para Celia Medrano es importante que informes como este sea tomado como un insumo en las discusiones relacionadas al proceso de Cartagena+40, en el que los países de América Latina y el Caribe trabajarán hacia la adopción del plan regional: la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034, en el marco de los 40 años de la Declaración de Cartagena.
Los datos y conceptos de ACNUR usados en este reportaje son tomados de boletines e información publicada en su sitio web. Se solicitó a través de la oficina de comunicaciones de ACNUR El Salvador entrevista para abordar este tema, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.