La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha divulgado recientemente un informe en el que analiza el régimen de excepción decretado en marzo de 2022 en El Salvador y su impacto en los derechos humanos y tras hacer una serie de valoraciones, concluye que las condiciones de seguridad actuales no justifican que el Gobierno mantenga en vigencia el Decreto Legislativo No. 333, que se ha prorrogado ya por 29 meses.
El informe indica que la CIDH alertó en más de cuatro ocasiones, al Estado salvadoreño, sobre los "requisitos convencionales para suspender las garantías protegidas por la Convención Americana, así como los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos en circunstancias excepcionales", así como su impacto en los derechos humanos.
Del referido informe se desprende que el Estado salvadoreño cae en una contradicción al prorrogar el régimen de excepción pues por una parte, en las solicitudes de prórroga, se indica que hay una baja significativa en la criminalidad en comparación con años anteriores, entre lo cual destaca una baja histórica en los índices de homicidios, y también afirma que ha encarcelado a los principales cabecillas de grupos terroristas (pandillas), pero a la vez justifica la necesidad de mantener vigente el régimen de excepción aduciendo que "se mantienen las circunstancias que motivaron suspender las garantías porque persistirían los ataques y agresiones realizados durante el régimen de excepción".
El 36% de pandilleros anda libre
A cuestionamientos de la CIDH sobre tales circunstancias, el Estado salvadoreño afirmó que un 36% de miembros de pandillas estarían en libertad, pues sólo se ha capturado a 71,000, de 120,000 pandilleros que existen en El Salvador.
El Salvador mantiene el régimen de excepción desde hace 29 meses, es decir, por más de 870 días, en los que supuestamente el gobierno ha desatado un ataque frontal contra grupos de pandillas empleando a decenas y decenas de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en un territorio de menos de 21,000 kilómetros cuadrados; no obstante y a pesar de los ingentes recursos tecnológicos de que se ha dotado a ambas instituciones, según la misma publicidad estatal, sólo ha logrado capturar a 6 de cada 10 miembros de pandillas, según sus mismas cifras.
El informe de la CIDH consigna que entre el 27 de marzo de 2022 a inicios de noviembre de 2024, 73,000 personas habían sido detenidas bajo el régimen de excepción, a la mayoría de los cuales se les mantiene en prisión preventiva.
En su permanencia en prisión, centenares de personas (más de 300, según la organización Socorro Jurídico Humanitario) murieron debido a torturas físicas, psicológicas o por la falta de suministro de medicamentos que las víctimas necesitaban para tratamiento de sus enfermedades que padecían antes de ser encarceladas o que desarrollaron mientras estaban encarceladas.
"La Comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes", indica el informe.
Casi 5,000 capturas arbitrarias
El documento indica que durante el primer año de vigencia del régimen de excepción, fueron perpetrados 4,825 hechos de detenciones arbitrarias, 402 casos de torturas y 193 desapariciones forzadas, entre otros detalles.
"En marzo de 2023, la CIDH tomó testimonios de forma virtual a 29 personas con el objetivo de obtener información directa y en profundidad sobre los efectos de las medidas adoptadas durante el régimen de excepción en los derechos humanos"; revela la CIDH.
La CIDH también cuestiona las condiciones a que se enfrentan los salvadoreños bajo el régimen de excepción en su afán de obtener justicia y un debido proceso. Entre tales desafíos están "la demora en el control judicial de las detenciones, la ineficacia del recurso de habeas corpus, la falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputados, abusos en la imposición de la prisión preventiva, la realización de audiencias judiciales masivas, limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa y de las garantías judiciales, irrespetos al debido proceso legal, entre otros".
El Diario de Hoy y diversos periódicos han documentado también, decenas de casos de personas que están privadas de libertad ilegalmente por autoridades penitenciarias, luego de que un juez ha ordenado que sean puestas en libertad bajo medidas, al no haber suficientes pruebas de su pertenencia a agrupaciones ilícitas, es decir, a grupos de pandillas.
Privados de libertad ilegalmente
Uno de estos casos es el de Ronald Antonio Aparicio Fuentes, un exsoldado, cuya libertad ha sido ordenada en dos ocasiones por el juzgado que a cuyo cargo está el proceso judicial, ante la falta de pruebas de que sea pandillero, cómo fue acusado falsamente por elementos de la PNC que lo capturaron.
El informe también recalca las capturas arbitrarias de personas con diversas discapacidades, especialmente con condiciones especiales de salud mental. "...personas con discapacidades psicosociales o con condiciones de salud mental fueron detenidas y, en diferentes episodios, ello estuvo vinculado a los aspectos asociados a su condición personal".
El Diario de Hoy y otros periódicos han puesto en evidencia las capturas de personas con las condiciones mentales descritas en el informe de la CIDH, como por ejemplo los casos de Óscar Alfredo Gallegos Pocasangre, capturado el 15 de abril de 2022 en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, y quien murió el 20 de ese mismo mes y año en el penal de Mariona. Su cuerpo presentaba moretones, huesos rotos y heridas suturadas en la cabeza.
Óscar Alfredo tenía una condición de salud mental que le imposibilitaba comprender hechos como su captura y encarcelamiento. Familiares y vecinos afirmaron que su condición era evidente y que los policías que lo arrestaron también lo sabían.
Un día después de que esa persona muriera en el penal de Mariona, Henry Joya, otra persona con discapacidad mental especial, fue capturado por policías en San Salvador. El 25 de mayo murió y el 8 de julio fue sepultado en una fosa común del cementerio La Bermeja, sin avisar a la familia.
En otros casos, los cuerpos de las víctimas tenían señales de tortura y en el caso de Efraín Solórzano, el Instituto de Medicinal Legal dictaminó que fue estrangulado.
Reparación integral a víctimas del régimen
Al respecto, en el informe, la CIDH le recomienda al Estado salvadoreño "Elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción".
El informe también consigna cifras de menores de edad capturados bajo el régimen de excepción. El Estado salvadoreño informó a la CIDH que entre el 27 de marzo de 2022 al 27 de junio de 2023, es decir, 15 meses, 2,826 menores de edad habían sido capturados.
Esos datos constan en el informe "Estado de El Salvador, Un Nuevo El Salvador, Nota Diplomática MPOEA-OEA-117/2023, 14 de julio de 2023", según nota a pie de página del informe de la CIDH.
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A pesar de lo anterior, en una reciente entrevista que una periodista salvadoreña le hizo a Andrés Alberto Guzmán Caballero, Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, este dijo que esa cifra (2,826 menores capturados) no era cierta, que no era real.