Funcionarios del gobierno de Nayib Bukele negaron el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. El Estado salvadoreño sigue sin reconocer los testimonios y denuncias de violaciones a derechos humanos de personas liberadas de prisión.
Ayer organizaciones civiles y el Estado salvadoreño comparecieron en una audiencia virtual con la CIDH, quienes denunciaron 174 muertes bajo custodia del Estado, casos de torturas a privados de libertad, discursos de odio, 209 afectaciones contra periodistas y 6,436 denuncias de violaciones a derechos humanos.
Zaira Navas, de Cristosal, indicó que "la mayoría se trata de muertes violentas" con "clara evidencia" de golpes y "otros signos de tortura", sin que las versiones oficiales coincidan con el estado de los cuerpos.
“Actualmente en la Fiscalía General de la República no se ha recibido ningún tipo de denuncia relacionado con torturas o tratos degradantes en contra de algún salvadoreño”, señaló por su parte el fiscal Rodolfo Delgado.
“Considerando que actualmente la tasa de fallecidos en el interior de los centros penales a partir del 2019 ha sufrido una reducción de aproximadamente el 50%”, dijo también Delgado.
Pero la comisionada de CIDH, Julissa Mantilla, señaló que es información pública que la Fiscalía archivó 142 casos de muertes en cárceles durante el estado de excepción, con lo que se contradice al discurso de los funcionarios salvadoreños ante la CIDH. Con anterioridad, el fiscal general ha admitido la cifra de 142 muertes en penales, pero que no se han investigado al "no constituir delito".
El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán, desestimó los cuestionamientos acerca de las cifras de muertes en las cárceles que registran las organizaciones. "Seis millones de personas deberían tener mucha más importancia que aquellas en las que se están enfocando las preguntas (sobre las víctimas de detenciones arbitrarias, torturados y asesinados en centros penales bajo el régimen)”, manifestó.
Pese a que diferentes investigaciones periodísticas han documentado testimonios de torturas y diversos abusos en las cárceles, el comisionado Guzmán negó tales casos ante el organismo internacional.
"Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existe seguimiento y acoso contra periodistas", añadió el comisionado Guzmán luego de que la sociedad civil salvadoreña señalara cifras exactas a través de testimonios de las víctimas y familiares de estas.
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Aseguró también durante la audiencia que "no hay una sola denuncia" de agresiones contra periodistas en la Fiscalía y Procuraduría, sin mencionar las denuncias que periodistas han presentado ante la Fiscalía por espionaje con el software Pegasus.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, indicó también en su intervención que han registrado 209 agresiones a comunicadores, de las que el 66 % "corresponden al Estado".
La comisionada de la CIDH, no obstante, increpó al Gobierno y le reclamó respuestas: “La sociedad civil ha presentado una serie de datos y yo esperaba que el Estado pudiera aclararlos, por ejemplo, las cifras exactas a la actualidad de las personas detenidas en El Salvador”.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el coordinador de asuntos jurídicos multilaterales y derechos humanos del Ministerio de Justicia, Elmer Castro, se limitaron a dar explicaciones sobre las generalidades del régimen de excepción; pese a que estas ya eran conocidas por la Corte.
Preguntas sin respuestas
El Estado salvadoreño evadió responder a los señalamientos de la CIDH. En concreto los comisionados del organismo internacional pidieron conocer si el Estado ya comenzó un plan de reparación para las víctimas de detenciones arbitrarias y que fueron liberadas.
De acuerdo con datos oficiales, son 71,479 personas detenidas en este régimen, de las que las autoridades han liberado a más de 5,000.
También la CIDH cuestionó sobre las causas de las 142 muertes que contabiliza Cristosal en su informe de violaciones a derechos humanos de personas que permanecían bajo custodia del Estado.
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“¿Cuáles fueron las causas de las muertes? Si estaban enfermos, ¿por qué no los llevaron a un hospital?; ¿cuáles son las causas precisas por las que el Estado decidió archivar esas muertes?”, cuestionó Mantilla, a lo que no obtuvo respuesta de ninguno de los seis representantes del Estado Salvadoreño.
Asimismo, la comisionada de la CIDH, Tania Reneaum, solicitó conocer el “debido proceso”, que ejecuta el Estado para las detenciones por el régimen, a lo que tampoco hubo respuesta.
“La lucha frontal contra la violencia desatada por las pandillas y las acciones de reconstrucción del tejido social y comunitario impulsadas por el Estado, está logrando lo que los salvadoreños pedían a gritos: paz”, se limitó a decir Mira.
Gobierno desestima casos de bebés fallecidos tras nacer en prisión
La directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, dijo a la CIDH que una de las bebés que han fallecido tras nacer en prisión se debió a que tuvo problemas respiratorios y que se le dio seguimiento a su caso.
Según Amaya, los niños pueden permanecer con sus madres en los centros penitenciarios hasta los cinco años, pero este derecho se lo niegan si a criterio del Estado "es mejor para el menor".
“Actualmente hemos hecho 43 egresos de niños en la granja penitenciaria de Izalco en razón del interés superior, indistintamente la madre quiera continuar con ellos, hemos reconocido que es más beneficioso para ellos estar fuera con familia extendida o bajo una medida de acogimiento”, aseguró Amaya.
Familias de dos bebés fallecidos han revelado información a los medios de comunicación, aún así, la funcionaria dijo que era información falsa.
Habrá informe
El comisionado Guzmán aseguró que habrá un informe oficial acerca del régimen de excepción, mientras que el Fiscal Delgado aseguró que dichas cifras irán “detalladas” a la CIDH este sábado 15.
“En el informe que se proporcionará a esta comisión estarán detallados otros datos con relación a los números de estas personas (los fallecidos bajo custodia estatal)”, aseguró Delgado.
Los funcionarios obviaron que el anterior procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, calificó como “reservada” la información sobre la visita realizada a los centros penales en 2022, y que la actual en el cargo, Raquel Caballero, aseguró que entregaría a Presidencia un informe con los hallazgos en los centros penitenciarios que no ha llegado, según el portal oficial del organismo.