A siete meses de régimen de excepción en El Salvador, la máxima instancia fiscalizadora de derechos humanos en el Continente llamó al gobierno de Bukele a tomar medidas que garanticen los derechos y libertades de los salvadoreños.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su “preocupación” por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias y el incumplimiento de las garantías judiciales.
La Procuraduría de Derechos Humanos ha informado que hasta agosto tenía más de 3,000 denuncias por detenciones arbitrarias y otros abusos, en tanto que organismos defensores de los derechos humanos denuncian que ha habido al menos 90 muertes de reclusos en las prisiones.
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La CIDH dice que si bien el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que es parte.
Ante estos hechos, la Comisión Interamericana reitera al Estado salvadoreño su disposición para realizar una visita al país y colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos.
En ese sentido, recuerda que la suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias como caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado, y no un medio para enfrentar el crimen común.
Por su parte, el gobierno salvadoreño ha alegado que ha actuado dentro de los marcos constitucionales, legales y convencionales a los que está sujeto, señalando que las garantías constitucionales suspendidas son aquellas que se consideró tienen estrecha relación con la facilitación del combate a la criminalidad. “Con la suspensión de garantías, el Estado informó que puede hacer frente a estas circunstancias, dotando a las instituciones encargadas de seguridad de facultades para hacer frente de manera pronta y eficaz a "la escalada de barbarie cometida por los grupos terroristas" “, dice la CIDH.
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Sin embargo, la CIDH dice que ha conocido reiteradas denuncias sobre las detenciones realizadas en los últimos meses basadas en llamadas anónimas o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia.
Además, las familias enfrentan dificultades para saber de sus hijos detenidos y se ha denunciado también “el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos policiales”, inclusive en contra de personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
Al respecto, la Comisión recuerda que las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley deben limitar el uso de la fuerza por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad; y que, para restringir el derecho a la libertad personal, el Estado debe fundamentar y acreditar, en cada caso, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria.
Según información del Ministerio de Justicia y Seguridad, desde el 27 de marzo de 2022, 57.007 personas han sido detenidas, de las cuales, al menos 47.983 están bajo prisión preventiva.
Según la CIDH, organizaciones de la sociedad civil indicaron violaciones a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial, registrando que al menos 18.215 personas fueron imputadas por delitos en 93 audiencias colectivas. En estas audiencias masivas habrían participado hasta 552 personas imputadas, a quienes se les habría decretado la prisión preventiva automática, sin que medie examen individualizado de sus casos e irrespetando el principio de presunción de inocencia. Además, las diligencias serían conducidas por personas magistradas no identificadas, con restricciones al derecho a la defensa, entre las cuales la asignación de un mismo representante para centenas de personas acusadas o la falta de la oportunidad de intervenir en las audiencias. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indicó que, entre marzo y septiembre, cerca de 850 personas fueron puestas en libertad.
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La Comisión recuerda al gobierno que El Salvador tiene el deber jurídico de asegurar, incluso bajo el régimen de excepción, las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso adecuado y efectivo, por lo que urge al Estado garantizar recursos judiciales adecuados, efectivos y accesibles a las personas detenidas o sometidas a la prisión preventiva.
El organismo ha tenido conocimiento de la muerte de al menos 73 personas detenidas durante el régimen de excepción, según reporta el Instituto de Medicina Legal, así como las denuncias de tortura y malos tratos en centros bajo custodia del Estado Al respecto, insta a implementar acciones para prevenir actos de violencia e investigar estos casos con la debida diligencia requerida, y reparar integralmente a las víctimas.
Por otra parte, se ha denunciado el hacinamiento y las malas condiciones de detención, destacando la falta de acceso a servicios de salud, la alimentación inadecuada, el encierro permanente en las celdas y la falta de comunicación con los familiares. Indicaron graves restricciones sanitarias, con casos en los que las personas recluidas deben hacer sus necesidades fisiológicas en cubeta dentro de las celdas hasta que estén llenas.