Mayor cantidad de fiscales y más presupuesto para la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019, no han significado un avance en casos judicializados ni en el combate a la corrupción.
Todo esto conlleva al incumplimiento de las obligaciones que tiene El Salvador con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), como suscriptor de este instrumento desde el 3 de diciembre de 2003, informaron expertos de las organizaciones Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y Acción Ciudadana.
Actualmente, El Salvador se encuentra en proceso de revisión del cumplimiento de los artículos establecidos en los Capítulos II y V de la CNUCC, referidos a “Medidas Preventivas” y “Recuperación de Activos”.
FUNDE y Acción Ciudadana explicaron en conferencia de prensa que en un comparativo de impunidad directa con otras Fiscalías de la región, se determinó que en 2019, El Salvador ocupaba el 96.27% de índice de impunidad, rebasado únicamente por Guatemala con el 98.12%. Luego en 2020, la impunidad promedio se mantuvo en 97.28%.
Lo anterior se da a pesar de que la Fiscalía incrementó la cantidad de fiscales en todo el territorio. Según el informe elaborado por dichas organizaciones, en 2020 se reporta el mayor porcentaje de 1,214 fiscales.
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Según dijeron, esto representa 26% más que en 2019 y 62% más que en 2018, a razón de 18.72 fiscales por cada 100,000 habitantes.
Pese a ese aumento de fiscales, los casos judicializados han ido reduciéndose, al menos en los dos periodos observados que fueron 2019 y 2020.
Por ejemplo, en 2019 hubo 93,349 casos iniciados, de éstos 26,900 fueron judicializados y otros 3,485 terminaron en sentencias condenatorias.
En 2020, fueron 71,305 casos iniciados, de éstos 22,012 lograron ser judicializados y sólo 2,022 tuvieron una sentencia condenatoria, es decir, que aún con más fiscales asignados y con menos carga laboral, los casos que terminaron en sentencia fueron 1,463 menos que en 2019.
“Se destaca que la carga laboral ha disminuido, pues en 2019 era de 111 casos por fiscal, mientras que en 2020 se redujo a 63 (casos por fiscal). Esta tendencia se observa desde el informe anterior”, señala Acción Ciudadana y FUNDE, en relación al desempeño de la Fiscalía para el periodo 2013-2018, el cual fue presentado por Acción Ciudadana en julio de 2020.
Calculan que la impunidad promedio de 2019 fue de 95.29% y en 2020 del 97.28%; mientras que los casos de corrupción en 2019 fueron del 74.67% y en 2020 del 72.02%.
Falta de transparencia
Los expertos también señalaron la falta de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones del gobierno. Revelaron que en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, más de 6,000 declaraciones de patrimonio no han sido presentadas por los funcionarios del actual gobierno y de administraciones anteriores.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac-Funde), manifestó que las adendas de las auditorías patrimoniales son reservadas, a raíz de una resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
FUNDE y Acción Ciudadana hicieron ver que la evaluación se ha hecho en un contexto de “ausencia de frenos y contrapesos, en donde la transparencia y la rendición de cuentas han sido excluidas en la gestión de diferentes entes obligados a cumplir con la Convención, tales como el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República o el Instituto de Acceso a la Información Pública”.
Ante esto, señalaron varios vacíos, entre ellos, la existencia de un marco normativo disperso para la prevención de la corrupción en el país, la falta de garantías para la aplicación y cumplimiento de la ley y la sanción de la corrupción, así como la carencia de políticas públicas orientadas a la prevención de la corrupción y la recuperación de activos.
Señalan retrocesos perceptibles en materia de acceso a la información pública, por la negativa de los entes obligados a brindar información oficiosa, así como el uso indiscriminado y arbitrario de las declaratorias de reservas de información pública, aunado a la falta de independencia del ente garante de ese derecho.
Añaden que el país tiene un marco normativo obsoleto e insuficiente para promover la profesionalización de la función pública, teniendo como resultado contrataciones que no están basadas en la idoneidad o el mérito, sino en “subjetividades”, lo cual impacta en la prestación de servicios públicos de calidad.
Además, del incumplimiento de procedimientos legales y constitucionales para la elección de funcionarios de segundo grado, sin atención a criterios técnicos y éticos, siendo la asignación de estos cargos por alianzas políticas, dejando de lado la valoración de la experiencia e independencia.