Auditar a “Chivo”, reactivar la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, rendir cuentas, publicar los planes macro-fiscales y de financiamiento de mediano plazo, así como reducir marcos especiales para la contratación pública, son aspectos notados en la declaración pública que hizo una delegación de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta misión visitó El Salvador entre el 30 de enero al 8 de febrero del presente año. El equipo analizó varios aspectos en materia económica, política fiscal y de gobernanza.
En ésta última área, el FMI apunta que una “gobernanza sólida, transparencia fiscal y rendición de cuentas son fundamentales para mejorar la gestión de los recursos, reducir los costos de financiamiento y fortalecer la confianza”.
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En ese sentido, señala que “Chivo debería ser auditado” y añade que la auditoría del Fideicomiso Bitcoin, llamado FIDEBITCOIN finalizará pronto.
En agosto de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó financiar el FIDEBITCOIN con $203.3 millones de un préstamo total de $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que originalmente eran para la recuperación económica de las empresas afectadas por la pandemia.
De ese fondo, se tomaron $150 millones para convertir el Bitcoin a dólar; otros $23.3 millones para los cajeros automáticos llamados “Criptofriendly”; y $30 millones más para la billetera electrónica, llamada “Chivo Wallet”. En el dictamen aprobado en esa fecha, se dejó establecido que el monto podría aumentar.
Los diputados de la oposición política cuestionaron en su momento, que será la población salvadoreña la que asuma los costos del Bitcoin, siendo un mecanismo que rechazan, según lo revelan varias encuestas realizadas por diversas casas de estudios superiores.
Días antes de que el Bitcoin comenzara a funcionar el 7 de septiembre de 2021 como moneda de curso legal en El Salvador, obtuvo un rotundo rechazo entre la ciudadanía, de acuerdo a la encuesta que publicó a inicios de septiembre de ese año, el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
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Entre los datos relevantes que arrojó el sondeo fue: que 7 de cada 10 salvadoreños afirmaron tener poca o ninguna confianza en el Bitcoin y aproximadamente 8 de cada 10 dijeron tener claro que el precio de la criptomoneda cambia de valor constantemente.
Un año después de su implementación, otro sondeo realizado por el Iudop en octubre de 2022, demostró que el 65.5% de la gente califica la aplicación del Bitcoin como “un fracaso” y que 77 de cada 100 salvadoreños prefieren seguir usando dólares para hacer sus transacciones financieras. Dijeron que la criptomoneda no ha mejorado su situación económica.
A pesar del rechazo y de la estrepitosa caída del Bitcoin, el presidente Bukele informó en junio del año pasado que invirtió $1.5 millones de fondos públicos en Bitcoin.
El FMI expone que la Ley de Compras Públicas recién aprobada por la Asamblea, si bien tiene el potencial de mejorar la eficiencia en el gasto público, “las condiciones bajo las cuales puedan aprobarse marcos especiales de contratación pública deberían estrecharse”; sin embargo, Bukele reafirmó que la contratación directa se usará con solo una vez que una licitación no tenga ofertantes.
Economistas advirtieron que esta nueva normativa, que sustituye a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), abre la puerta para que altos funcionarios del gobierno puedan hacer negocios con el Estado.
El FMI recomienda que los “estándares de transparencia fiscal vigentes antes de la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal deberían volver al mismo nivel que existía antes del inicio de la pandemia”.
El gobierno suspendió la aplicación de esta ley desde 2020, argumentando que la pandemia ameritaba una inversión mayor de recursos. Este instrumento es el que garantiza la sostenibilidad fiscal y contribuye a la estabilidad macroeconómica del país. Los presupuestos de la Nación ejecutados desde 2021 han carecido de esta regulación.