El alcalde del municipio de Chinameca, San Miguel, José Dolores Díaz Mejicanos, ha sido sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tras informar que ha incumplido dos deberes éticos, esto relacionado a un caso judicial personal y la contratación de un familiar directo.
A través de un comunicado, el TEG señaló la municipalidad había utilizado indebidamente los servicios de abogados contratados para dicha alcaldía para “servicios profesionales jurídicos”, con el objetivo de que lo asesoraran y representaran en un proceso judicial de carácter personal durante los meses de noviembre y diciembre de 2021.
Situación sancionada por el Tribunal con una multa de cuatro salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio, equivalente a $1,460.00 por haber transgredido el deber ético regulado en el artículo 5 letra a) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
Alcalde de Chinameca "las llamaba a su despacho", según denuncias de presunto acoso sexual
La segunda sanción fue aplicada al edil tras intervenir en un proceso de selección y contratación profesional en el que favoreció a un primo para trabajar en la comuna.
Bajo el mismo articulo de la LEG en el literal c) se establece que una multa equivalente a $608.34. Según la información que ha trascendido un familiar del alcalde fue nombrado encargado de un inmueble conocido como “La Pista”, para un lapso de tres meses en el que devengó un salario de $330 mensual.
Alcalde de Chinameca denunciado por acosar a empleadas incumple medidas de protección
Denuncia por acoso a cinco empleadas
Cinco empleadas de la alcaldía denunciaron estar siendo acosadas sexualmente por el alcalde durante 2021, según la información a la que tuvo acceso este medio eran más trabajadoras municipales las que estaban viviendo situaciones irregulares, pero no todas interpusieron una denuncia y posterior a este paso el edil habría arremetido contra las involucradas.
Inicialmente las trabajadoras fueron reasignadas a otros puestos, pero la situación continúo escalando, llegando a amenazas de despido y la remoción definitiva de sus puestos argumentando que la directiva del partido lo había solicitado. La primera denuncia fue interpuesta el 5 de octubre ante la Fiscalía de San Miguel, seguida por otras cinco, pero una de ellas habría retirado su denuncia.
Un mes después se emitieron ordenes de protección contra las denunciantes.